El próximo 18 de noviembre será un día histórico para la sociedad civil valenciana. Los empresarios, los sindicatos y todos los agentes económicos que intervienen en el desarrollo de la Comunitat Valenciana, saldrán a la calle, «Tots a una veu», para reclamar una financiación más justa. Los ingenieros somos pilares fundamentales en nuestro desarrollo económico, por lo que no podemos faltar a la cita.

Nuestra comunidad aporta aproximadamente el 10 % del PIB español. Somos un territorio dinámico, con un tejido empresarial activo, que ha afrontado la crisis con los dientes apretados para adaptarse a las nuevas circunstancias. Y como en el circo -actuando con el más difícil todavía- los valencianos jugamos en desventaja a la hora de recibir inversiones del Estado. El desequilibrio es lacerante: hay comunidades autónomas que reciben cerca de mil euros por habitante más que la nuestra.

En esas condiciones es difícil competir y evolucionar. Una cosa es ser contribuyente neto y estar de acuerdo en ello -en eso consiste la solidaridad interterritorial- pero otra muy diferente es estar relegado al furgón de cola en las inversiones de este país. Claros ejemplos son el Corredor Mediterráneo o las infraestructuras de trasvase de aguas. Unas infraestructuras clave para el desarrollo de nuestra economía y la del país que, año tras año, durante ya más de una década, han sido ninguneadas en los Presupuestos Generales del Estado. Y no son las únicas: la educación, la sanidad, la industria o la cultura han tenido que afrontar durante sucesivos ejercicios unas partidas menguantes. La falta de inversiones repercute en todo el sistema económico: los proyectos en diferentes ámbitos no arrancan, el dinero no circula, el tejido empresarial no evoluciona.

El sistema de redistribución de la riqueza en España ha de ser modificado. Quizás los últimos desafíos a los que se enfrenta nuestro país sean un punto de inflexión y una excelente oportunidad para cambiar las cosas: se hace necesario un gran pacto de Estado para renovar el sistema donde entren todas las comunidades autónomas sin excepción, sin acciones extremistas y radicales, con altura de miras y auténtica intención de solucionar un problema creciente.

Hace año y medio que tengo el honor de ser decana del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado. Mi compromiso con esta entidad y con la sociedad valenciana ha sido el de trabajar incansablemente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, para conseguir un ejercicio responsable de nuestra profesión y para colaborar con las diferentes administraciones, aportando mi experiencia y el punto de vista de los profesionales a los que encabezo. Desde la Mesa de la Ingeniería Valenciana, los colegios trabajamos para poner en valor nuestra profesión, la de ingeniero, potenciando nuestra excelencia profesional. Trabajamos en todos los sectores productivos y conocemos y sufrimos de primera mano los graves problemas de logística y de recursos que soportan las empresas para ser competitivas.

Esta competitividad demanda optimizar la gestión de unos recursos tan importantes como el agua o la reducción de emisiones de CO? cuya consecución, a la larga, repercutirá en el bienestar de toda la ciudadania. Los objetivos son claros y constituyen una demanda común de todos los profesionales que represento y que no se podrán alcanzar plenamente si la Comunitat Valenciana no consigue una financiación justa.

Cuando recibimos la convocatoria no dudamos en adherirnos. El motivo nos afecta a todos y por eso saldremos a la calle junto a centenares de entidades públicas y privadas de la sociedad valenciana, para dar visibilidad a un problema que ha de solucionarse cuanto antes y para hacer notar que el nuestro también es un problema grave que afecta al bienestar de los valencianos y que España debe atender. Espero que la sociedad civil responda con contundencia a esta convocatoria. Es la hora de reclamar, tots a una veu, lo que nos corresponde.

*Decana del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Valencia