Hoy se celebra en València (a partir de las 18 horas, en la calle Guillem de Castro) la manifestación para exigir al Gobierno central una mejor financiación autonómica. Se trata de un asunto en el que los partidos políticos valencianos y la sociedad civil llevan años embarcados. Por el momento, con poco éxito. Primero fue el gobierno de Camps quien lo exigía, en un contexto en el que las peores consecuencias de la crisis económica y la deficiente financiación aún no se notaban tanto (la Generalitat los enmascaraba a base de asumir un endeudamiento estratosférico). En aquella época, todo era culpa de Zapatero y de su modelo de financiación, que relegaba a la Comunitat Valenciana.
A continuación, la legislatura de Alberto Fabra constató lo que muchos valencianos sospechaban: que la culpa no era sólo de Zapatero. Porque, con Rajoy en la Moncloa a partir de 2012, el discurso del PP, que llevaba años prometiendo que todo cambiaría cuando este partido gobernase tanto en València como en Madrid, se reveló como una verdad perversa. En efecto, todo cambió: si antes se hacía poco caso a los valencianos y la situación financiera era preocupante, a partir de la llegada de Fabra y -sobre todo- de Rajoy a sus respectivos puestos de mando, la cosa pasó a ser directamente terrorífica.
La situación se estancó durante años, al modo rajoyista (dejar que los problemas se solucionen solos, o se pudran, o cualquier desenlace que no implique tomar una decisión). Y no mejoró significativamente cuando se produjo un cambio de gobierno en la Generalitat Valenciana. El pacto del Botánico hizo de la mejora de la financiación una de las banderas de la legislatura, sustituyendo la lastimera resignación del Gobierno de Fabra por una actitud más reivindicativa. Rajoy dio la respuesta acostumbrada: habrá que esperar.
Mientras tanto, otro asunto gestionado de la misma manera, el procés independentista catalán, acabó por estallar con toda virulencia. Está por ver con qué efectos para la Comunitat Valenciana. Por un lado, el problema valenciano ha quedado en un segundo plano, tras las comprensibles urgencias derivadas del desafío independentista... que también vienen muy bien para no hablar de otras cosas, o para colar una agenda progresivamente más conservadora al albur de la bandera española, que habría que defender como suele hacerlo demasiadas veces la derecha: a españazo limpio.
Por otro lado, la crisis catalana ha contribuido a acelerar la necesidad de abordar una reforma del marco autonómico, del cual el sistema de financiación es una parte fundamental. Y eso, en principio, es bueno. Porque ningún caso, ni el catalán, ni el andaluz, ni el de ninguna otra comunidad autónoma, es comparable al valenciano. La única comunidad autónoma por debajo de la media que, a pesar de ello, aporta más de lo que recibe. La que menos dinero gestiona por habitante para garantizar los servicios públicos, con diferencias que llegan a límites que van más allá de lo intolerable si la comparamos con las comunidades autónomas que disfrutan (nunca mejor dicho) del régimen foral: el País Vasco y Navarra, que gestionan unos fondos por habitante que doblan sobradamente (casi triplican) los valencianos.
La reforma puede tener efectos perniciosos (el PP desliza a menudo la pretensión de aprovechar la coyuntura para recentralizar el Estado), pero lo más probable es que se trate de una reforma de corto alcance, sin tocar, como siempre queda claro desde el principio, nada esencial (es decir, sin tocar el régimen foral y su sistema de cupo renegociable), ni cambiar demasiado las cosas. Como mucho, se repartirán las migajas que provienen de la relativa mejora de la situación económica. Y es ahí donde los valencianos deberían mejorar sensiblemente su posición.
Es increíble, absolutamente impropio de un Estado avanzado que se precia de defender la igualdad de derechos de sus ciudadanos, que esta situación se haya producido, y una vez dada se haya mantenido durante tanto tiempo. Por ello, y contrariamente a lo que dice la líder del PP valenciano, Isabel Bonig, cuyo partido no participará de la manifestación de hoy, manifestarse no sólo no es inútil, sino que resulta necesario. En un país tan mal articulado como España, está visto que la única forma de que a uno le hagan caso es hacerse oír. Ya vimos lo bien que le fue a Fabra siendo un bon xic, que es lo que Bonig propone seguir haciendo ahora.
