El Estado debe invertir, mediante la fórmula de cooperación, prevista en la Ley de Régimen Local, con las diputaciones, cabildos y consells insulares en la mejora y modernización de las carreteras locales. Desde el Gobierno deben implementarse políticas que prioricen el crecimiento económico, para crear empleo y cohesión social en todo el territorio nacional.
La inversión selectiva en la mejora de la accesibilidad a los municipios españoles desde las carreteras locales puede ser un programa que cumpla con el máximo de requisitos requeridos: las carreteras locales son un elemento básico de política social; las carreteras locales mantienen todavía altas tasas de accidentalidad; la inversión en carreteras locales produce un retorno impositivo al Estado superior al 50 %.
No podemos seguir proyectando los presupuestos de las administraciones públicas con solo recorte de gastos. Hay que distinguir gasto corriente de gasto de inversión. Con el mercado de trabajo en una crisis profunda con y salarios muy bajos, recetas de solo reducción de gasto conducen con toda probabilidad a recesiones más profundas de lo que podemos prever y a desequilibrios del sistema de seguridad social.
Con cinco millones de parados y 1,5 millones de hogares con todas las personas desempleadas, se requiere un tratamiento de choque, no solo ajustes y recortes de gasto, aunque también. Este tratamiento de choque no puede ser otro que políticas masivas de estímulo del consumo y la inversión. El Estado debe obtener recursos para incentivar la economía, incluso en un proceso de recorte del gasto.
Las diputaciones provinciales, cabildos y consells insulares gestionan una red de carreteras de más de 68.000 kilómetros, que suponen más del 40 % del total de la red viaria del país. Aunque su tráfico es inferior al de la red de gran capacidad, desempeñan un papel clave en la accesibilidad del territorio, la prestación de servicios de todo tipo y la generación y mantenimiento del empleo y la riqueza.
El valor patrimonial de esta red de carreteras se estima, según los últimos estudios disponibles, en 40.000 millones de euros, por lo que supone una prioridad esencial para los municipios conservarla adecuadamente para evitar su deterioro. La importancia social y económica de una buena red provincial de carreteras para los municipios españoles hace adecuado por tanto, plantear un plan nacional de carreteras provinciales, como un nuevo fondo de inversión local para mejorar la competitividad de las economías de los pequeños comercios, empresarios locales y pymes en general, a la vez que supone para todos los ciudadanos una mejora notable de la accesibilidad a los servicios básicos de salud, educación y servicios sociales que, con frecuencia, presentan una implantación supramunicipal.
