La sentencia que se conoce como de la manada, dictada por dos magistrados y una magistrada, tiene 370 folios de los que los primeros 134 corresponden a la sentencia aprobada por dos de los tres votos posibles, mientras que los 236 folios restantes responden al voto particular de uno de los magistrados. Pues bien, apenas habían pasado cinco minutos tras su lectura pública cuando comenzaron las críticas que, lejos de amainar, avanzan viento en popa y a toda vela. La intensidad de tal reacción, así como las medidas que vox populi se proponen contra los magistrados que han dictado la sentencia, merecen un mínimo de atención. El grueso de las críticas que se oyen, atendido el contenido de las mismas, evidencian que quien las formula no sabe lo que es una sentencia, ni lo que supone la valoración de la prueba, ni por supuesto se ha leído los artículos del Código Penal que están en liza. Parece que en lugar de críticas se repiten consignas.
El menor sentido de la prudencia debería hacer pensar que detrás de 370 folios de sentencia que tratan de explicar lo sucedido a lo largo de once sesiones y lo que de ellas se ha obtenido hay bastantes más horas de deliberación y debate que las que se ha tardado en salir a la calle para lanzar soflamas contra la sentencia. El menor sentido de la prudencia debería tener en cuenta que se requiere algo más que oír la versión de la víctima o la de los acusados. El menor sentido de la prudencia no puede ignorar que la valoración de la prueba debe conducir a dar por probado solo aquello que fluye de modo natural y sin que se le pueda oponer duda razonable. El menor sentido de la prudencia no puede soslayar la presunción de inocencia, garantía esencial e irrenunciable en un Estado de derecho. Y la presunción de inocencia, por poner un ejemplo, prohíbe condenar por asesinato si los elementos que distinguen el asesinato del homicidio no están probados. En estos casos se habrá destruido la presunción de inocencia respecto del homicidio, no respecto del asesinato. Habrá que condenar por homicidio, pero no por asesinato, aunque en ambos casos se mate a otro.
Si la inmensa mayoría de las críticas a la sentencia de la manada, muy viscerales y poco jurídicas, causa estupor, cuánto más la reacción del Gobierno, al que le ha faltado tiempo para anunciar otra reforma del Código Penal, iniciativa que en el mejor de los casos ha obtenido un vergonzoso silencio por parte de algún sector de la oposición.
Señores del Gobierno y demás clase política, ¿no se han parado a pensar que la mejor prevención es educación y no represión? ¿No se han parado a pensar que a lo largo de la educación primaria y secundaria no se ofrecen materias que proporcionen una elemental formación jurídica y que salvo que una persona se matricule en una Facultad de Derecho, no va a obtener una mínima a la par que indispensable formación académica de carácter jurídico a diferencia de lo que sucede con las matemáticas, literatura, gramática, geografía, historia, filosofía, biología, física, química, idioma extranjero, música, ciencias sociales, etcétera, etecétera?
¿No se han parado a pensar que si cerca de dos millones de personas -millón cien mil según otras fuentes- cuando aún no han pasado cuarenta y ocho horas desde que se leyó el fallo, piden al Tribunal Supremo (sic) que inhabiliten a los magistrados que han dictado la sentencia, es fruto de una burda y peligrosa manipulación? Porque, para empezar, el Supremo no es competente para sancionar a los magistrados, lo es el Consejo General del Poder Judicial (¿de dónde ha partido esta iniciativa? ¿ignorancia o mala fe?) y entre las sanciones que el CGPJ puede imponer a un magistrado no figura la inhabilitación. Y en cualquier caso, la sanción a imponer, si es que alguna pudiera proceder, lo sería tras el necesario y en este caso inviable expediente sancionador.
Sin embargo, los que piden la inhabilitación prescinden de las reglas procedimentales y se van directamente a la sanción, a la inhabilitación de tres magistrados, como si tal cosa. ¿Cuántas de esas al menos millón cien mil firmas han sopesado los argumentos de la sentencia para llevarles a pedir tal medida? Me atrevo a aventurar que ninguno. Ninguna persona que haya leído y sopesado la sentencia de la manada y sus argumentos, incluidos obviamente los del voto particular, encontrará argumentos para pedir la inhabilitación de los magistrados (que sólo podría aplicarse de mediar prevaricación). Podrá encontrar argumentos para rebatir la sentencia, para mostrar su desacuerdo y proclamar su total y absoluta disconformidad, pero nunca para solicitar la inhabilitación de los tres magistrados. Estos populismos también dan que pensar.
