La Oficina Comarcal de Vivienda ha realizado más de 500 operaciones en sus dependencias de Alzira a lo largo de sus tres primeros meses de funcionamiento. El organismo, puesto en marcha por la Mancomunitat de la Ribera Alta el 23 de mayo, ha abierto entorno a una veintena de expedientes de intermediación hipotecaria entre entidades bancarias y deudores. Estas cifras dejan patente la alta demanda ciudadana de un servicio que asesore en este tipo de temas, sobre todo con las dificultades económicas que padece la población a causa de la crisis.
El balance del primer trimestre de la oficina comarcal muestra que ha registrado 585 peticiones de información, gestión y asesoramiento a los vecinos de Alzira en materia de vivienda. Según explican fuentes de la propia oficina, «estas cifras evidencian la alta demanda del servicio que ofrecemos, principalmente porque hay que tener en cuenta que sólo tiene atención al público dos días a la semana». Durante esos días, «el elevado volumen de consultas se ha mantenido constante, con jornadas puntuales de más de 60 visitas al despacho que tenemos en las dependencias municipales de Alzira», explican.
La oficina ha abierto 24 expedientes de intermediación hipotecaria para solucionar disputas entre entidades bancarias y deudores. También se han centrado en conflictos entre propietarios y alquilados. Todo ello con la colaboración del Colegio de Abogados de Alzira. Además de estas gestiones, el organismo comarcal ha atendido 522 consultas en su unidad de prevención.
Alzira ha sido el primer municipio en adherirse a la mencionada oficina, que opera como una ventana única de asesoramiento a los ciudadanos ante sus necesidades en temas relacionados con la vivienda, tales como el acceso a una, alquileres sociales, ayudas económicas y la solución de conflictos a través de la mediación entre las partes implicadas.
La Oficina Comarcal de Vivienda trabaja de manera conjunta con el Ayuntamiento de Alzira para poder destinar las existencias del parque privado de casas no ocupadas y destinarlos a un alquiler social. Según afirman miembros de la misma, «la hoja de ruta para esta línea de actuación se ha iniciado con los primeros contactos y reuniones con la conselleria y los bancos, mientras esperamos a que salga adelante la Ley de Función Social de Vivienda de la Comunitat Valenciana». A su vez, se busca la colaboración y coordinación interdepartamental para iniciar las tareas.
