El Ayuntamiento de Alzira ha incoado un expediente de ruina de uno de los bloques de viviendas sociales ubicados en la Plaça de la Ribera que incluye una propuesta de resolución en la que se emplaza a la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) para que, como titular del inmueble, decida entre la rehabilitación de este bloque con 24 viviendas repartidas entre la planta baja y tres alturas o la demolición.
El edificio se encuentra tapiado desde hace alrededor de cuatro años tras un auténtico proceso de desguace iniciado en un primer momento por algunos de sus ocupantes y agravado después por actos de vandalismo, que dejó inhabitables las viviendas. Se trata de uno de los ocho bloques de pisos de protección pública construidos a principios de los años ochenta -la finca apenas tiene por tanto una antigüedad de alrededor de 35 años- para familias con pocos recursos en la parte de alta de l´Alquerieta.
Los informes técnicos que avalan la declaración de ruina señalan que una simple inspección ocular permite concluir que el edificio no reúne las condiciones mínimas de seguridad y salubridad para su uso y concluyen que el inmueble se encuentra en situación legal de ruina puesto que las obras necesarias para devolver la «estabilidad, seguridad, estanqueidad y la consolidación estructural del edificio» superan el límite normal de conservación. El dictamen técnico subraya que en caso de que el titular incumpla la orden de demolición, rehabilitación o reconstrucción, el ayuntamiento deberá actuar para garantizar «la estabilidad y seguridad del edificio».
El concejal de Gestión Urbanística, Fernando Pascual, ha explicado que el acuerdo comporta iniciar un procedimiento administrativo como se hace con cualquier otro inmueble o vivienda que presenta un grave estado de deterioro para que el propietario, en este caso EIGE, decida qué solución aporta. Pascual señaló que el edificio presenta una situación de abandono que se arrastra desde la anterior legislatura.
Cabe recordar que dirigentes locales y autonómicos del PSPV, en aquel momento en la oposición, ofrecieron a principios de 2015 una rueda de prensa a las puertas de inmueble, que ya se encontraba tapiado, para cuestionar la efectividad del plan estrella del PP alcireño basado en la expropiación de viviendas a la banca para rehabilitarlas y ofrecerlas con un alquiler social. Los socialistas contraponían el escaso número de casas recuperado con el abandono de este inmueble cuando, además, 90 familias se encontraban a la espera de una vivienda. El PSOE reclamaba en ese momento al Consell del PP que invirtiera en la rehabilitación de este inmueble.
Dos años después, todo sigue igual, sino peor. El informe técnico que ha dado lugar al expediente de declaración de ruina del edificio expone que desde el exterior -el técnico no ha podido entrar en el inmueble al estar los accesos tapiados- se observa «el estado de abandono y la falta de mantenimiento que sufre desde hace años este inmueble» y también el vandalismo que ha sufrido. Como ejemplo señala la «inexistencia» de las carpinterías, así como la rotura de las bajantes de aguas pluviales exteriores, lo que produce humedades. «Los daños observados son los característicos de un edificio abandonado, con desprendimiento de revestimientos exteriores, humedades insalubres y mal estado en general», incide la valoración técnica.
La junta de gobierno ha acordado la incoación del procedimiento para declarar la situación de ruina del inmueble, que contempla la propuesta de exigir al propietario que proceda a la rehabilitación o demolición del inmueble, si bien en este procedimiento también se concederá un plazo de audiencia a la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat para que presente la documentación e informes que considere oportunos si pretende rebatir la propuesta municipal.
