22 de septiembre de 2017
22.09.2017

Los expertos destacan el ahorro de la gestión privada en hospitales del modelo Alzira

? Ribera Salud patrocina un estudio que ensalza la «mayor productividad» ? Temen que el rechazo a este sistema eleve el coste de la sanidad pública

21.09.2017 | 23:41

Diferentes expertos del mundo de la sanidad defendieron ayer la implantación del modelo Alzira en hospitales en la presentación del libro «Colaboración público-privada en sanidad: el modelo Alzira», que analiza el funcionamiento de las concesiones sanitarias valencianas y su rol dentro del sistema sanitario público. Algunos de los temas fundamentales sobre los que giró el coloquio fueron la conveniencia o no de la aplicación del modelo Alzira, el debate creado en torno a la entrada de empresas privadas en el sistema sanitario público y los resultados del estudio llevado a cabo.

En concreto, fueron diferentes expertos como el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, Guillem López Casasnovas, quienes mostraron su preferencia por la colaboración del sector privado con el público. De este modo, López aseguró que en este modelo «se detecta una mayor productividad» y se mostró convencido de que «la baja productividad y los costes unitarios altos como consecuencia de una gestión ineficiente de la administración parece más aceptable socialmente que si esta gestión se imputa a gestores privados». En términos económicos, resaltó que teme que el rechazo a las concesiones pueda tener consecuencias negativas como un coste elevado para la buena gestión de los recursos públicos.

Por otro lado, el consejero delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa, indicó que las conclusiones del estudio «reflejan la idoneidad del modelo concesional y la necesidad de mantener y desarrollar la colaboración público-privada en el sector sanitario». Juan E. del Llano, director de la Fundación Gaspar Casal, resaltó que «la experiencia muestra que la validez de esta clase de iniciativas se encuentra expuesta al modo en que sea calificada por las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas». Asimismo, recalcó que «el riesgo real se produce cuando la retribución del contratista depende de los pagos de los usuarios, y no es el caso».

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