U un consejero delegado de Adeslas afirmaba en mayo de 1999, en unas declaraciones recogidas por el «Diario Médico», que prefería prestar toda la atención sanitaria y no sólo la especializada, y sostenía que la rentabilidad del proyecto dependía en buena medida de las relaciones que el Hospital de la Ribera estableciera con la atención primaria. En aquellas fechas, la misma aseguradora calificaba la concesión administrativa para la gestión de la atención especializada de la comarca de la Ribera como «más que un negocio, Alzira es una oportunidad histórica», y argumentaba que «el mercado de las aseguradoras ha alcanzado su techo».

En 2003, rescatada la concesión, la Generalitat volvió a adjudicar toda la gestión sanitaria, incluida la atención primaria, a la misma empresa. Se había cumplido el objetivo: las presiones de los «lobys» sanitarios provocaron que Generalitat del momento se desentendiera de la gestión pública de la sanidad en la Ribera. Pero como suele ser habitual en estos modelos, la Administración Pública tuvo que salir al paso de las pérdidas de la empresa y hacer de colchón para el negocio privado.

Un modelo publico/concertado como el del departamento de la Ribera, marcado por el sobreesfuerzo del personal, la alta ocupación, plantillas disminuidas, la captación de pacientes de otras zonas para redondear ingresos y la competencia desleal, no tiene nada que ver con la gestión pública sanitaria y los poderes públicos tienen la obligación de controlar al proveedor.

Tan solo recordar que en cinco de los seis contratos para la construcción y gestión de los hospitales valencianos por este modelo sólo participó una empresa, participación «alarmantemente reducida», según la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Esto unido a la nula transferencia de riesgos y la opacidad tanto de su gestión sanitaria como económica con algunos temas judiciales pendientes como es el caso de la central de compras B2B hacen irrespirable y poco aconsejable el modelo.

Como usuarios del sistema, efectivamente sentimos vergüenza del uso indebido que hace la gerencia empapelando las paredes y utilizando medios audiovisuales propagandísticos con mensajes subliminales negativos del resto de la sanidad valenciana. Una gestión del marketing poco acorde con las buenas prácticas empresariales en el mundo sanitario y difícil de entender en el marco de las relaciones entre la Administración y la concesión. Pero nos sorprende más si cabe la referencia a los políticos poco honestos, ya que aquí tenemos una buena muestra de ellos con la imputación en su día de varios ex altos cargos de la sanidad valenciana del gobierno anterior.

Es un hecho evidente que desde que la conselleria ejerce su función fiscalizadora, la empresa ha rehuido toda colaboración a la que está obligada y además ha emprendido un camino tortuoso de recursos judiciales para dilatar el final del contrato que en nada benefician la tan manida colaboración público/privada. Seguro que es una mala tarjeta de presentación para las empresas que visitan las instalaciones y su modelo.

Por otra parte, la intencionalidad de sus gestores y directivos - no de sus profesionales que nos merecen un gran respeto-, de compararse en beneficio propio con el resto de la gestión de la sanidad valenciana echa por tierra su pretendida igualdad con el sistema público. Prácticas poco recomendables en la sanidad porque alimentan la percepción del negocio -ni las privadas puras lo realizan-, ya que se utiliza la salud como un producto mercantil. Actitudes poco presentables y desleales con el sistema sanitario que no se les ocurren a los gestores del resto de departamentos sanitarios.

El generar dudas constantes en la atención del resto de departamentos y sus profesionales traduce una desconfianza en su propio sistema y hace bueno el refrán aquel que dice «Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces».

Todo esto unido la nula colaboración en la trasmisión de información para tener una transición ordenada y tranquila para asegurar la continuidad, genera demasiadas sombras como para querer aproximarse siquiera a la sanidad pública, que es la que en definitiva garantiza todas las prestaciones sanitarias.