Más de una quincena de personas figuraban como acusadas en el caso de corrupción urbanística en Montroi pero ninguna de ellas entrará en prisión. El exalcalde Francisco Javier Carrión (PP) y los otros quince implicados en la causa alcanzaron un acuerdo con el ministerio fiscal para rebajar considerablemente las penas que éste solicitaba. El pacto quedó ratificado en el juicio iniciado ayer. En el caso de Carrión, aceptó cumplir un año y diez meses, una de las penas más altas. El proceso no está cerrado todavía ya que se debe determinar la responsabilidad civil que establecerá el pago de las indemnizaciones.

Dieciséis de los dieciocho acusados inicialmente en la causa se personaron ayer en la Ciutat de la Justícia de València. Uno de los implicados, el exalcalde Antonio Polo, falleció en 2016 y uno de los constructores está en busca y captura. De esos dieciséis, quince ya habían firmado la conformidad por escrito y el que quedaba se sumó al acuerdo con la Fiscalía, que llegó a reclamar una pena de 16 años de cárcel para Carrión.

Para el resto de los procesados (notarios, registradores de la propiedad, promotores, arquitectos, abogados, etc.) el Ministerio Fiscal solicitaba entre dos y trece años de prisión por diferentes delitos de estafa, contra la ordenación del territorio, falsedad en documento público y oficial, prevaricación administrativa y cohecho, entre otros. La aceptación de los hechos y el acuerdo judicial evitará ahora que ninguno de los procesados entre en prisión.

Petición de suspensión

Las penas más elevadas son para el exalcalde y para uno de los constructores, Guillermo Alba. Aunque en ninguno de los casos superan los dos años. En otros supuestos, la condena es de seis meses y se podrá suplir por una multa de doce meses. La investigación judicial acreditó que la empresa de Carrión habría realizado el cableado eléctrico y otras instalaciones en las viviendas a sabiendas de que se trataba de construcciones ilegales. Además, los promotores de Morarim, la constructora de la que era copropietario Alba, compartían un pozo que servía para canalizar el agua a los inmuebles.

La vista oral fue relativamente rápida ya que, pese al gran número de implicados en la trama, todos aceptaron las condenas pactadas. De ese modo, la única incógnita que queda por despejar es la responsabilidad civil. En ese sentido, cabe destacar que el Ayuntamiento de Montroi pidió la suspensión del juicio. No obstante, se denegó en base al artículo 121 del código penal, en el que se refleja que las administraciones públicas son las encargadas de responder subsidiariamente de los daños causados por los responsables penales de los delitos que se cometen cuando son una autoridad, están contratados por la propia administración o son funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos.

De ese modo, el juicio se retomará el próximo lunes, 15 de enero, en la misma Ciutat de la Justicía. En esa sesión, por tanto, se determinará a quién corresponde pagar las indemnizaciones, ya que además del ayuntamiento también existen algunas compañías aseguradoras que podrían asumir algún tipo de obligación.