Han pasado ya más de 6 meses desde que se anunciara una primera fecha para la apertura del nuevo hospital de Gandia para finales de febrero del 2015. La presión asistencial, los retrasos en las ejecuciones de las obras, de la llegada del material y el «mal tiempo», obligaron en varias ocasiones a posponer el deseado día. La inminencia de la convocatoria electoral imponía una apertura que permitiera obtener algún rédito electoral, aunque fuera parcial, aunque fuera escalonado, aunque fuera precipitado. Esta ineludible exigencia ha generado un proceso caótico y desorganizado, donde se imponía la necesidad de representar la puesta en funcionamiento de un centro sanitario cuando todavía no se estaba preparado.

Se detuvo toda la actividad quirúrgica más de un mes antes del traslado real y todavía se está reanudando de forma lenta y progresiva, estando aún hoy los quirófanos con un rendimiento muy por debajo de sus posibilidades por la equipación todavía no completada. Los sucesivos aplazamientos paralizaron también los ingresos en el antiguo hospital muchas semanas antes del traslado real, obligando a cientos de familias a desplazarse a comarcas periféricas.

También se dejaron de hacer pruebas exploratorias semanas antes, pero que tampoco se pudieron iniciar en el nuevo hospital hasta semanas después por la falta de adecuación de las nuevas instalaciones. Y aún hoy técnicas como las necesarias para diagnosticar el cáncer de pulmón tienen que trasladarse al hospital de la Ribera, y otras como las endoscopias tampoco funcionan a pleno rendimiento y se trasladan en parte al hospital de Dénia.

Al final se pudo inaugurar antes de las elecciones, pero ni siquiera dio tiempo para un pomposo acto propagandístico, ni probablemente obtuvo el rendimiento electoral deseado.

Lo que sí son claras son las consecuencias para los ciudadanos de la comarca. Centenares si no miles de pacientes y sus familiares han tenido que desplazarse a otros hospitales para ingresar, operarse o realizarse pruebas, y las listas de espera se han disparado de manera alarmante.

Por fortuna otros centros sanitarios sirvieron de apoyo en esta etapa de transición, siendo especialmente destacable la aportación de las concesiones de nuestro entorno: los hospitales de Dénia y Alzira. Pero esta ayuda no es gratuita; estas empresas van a recibir una buena inyección monetaria a costa de las arcas públicas como justo pago por el trabajo realizado. De esta manera las molestias y el coste económico de precipitar un traslado sin tener preparado el nuevo hospital lo pagaremos entre todos, tanto pacientes como contribuyentes, cuando todo podría haberse evitado si se hubiera esperado a tener el nuevo hospital completamente equipado, aunque hubiera sido después de las elecciones.

Y todo esto no sería más que otro capítulo, uno más, de la época de picaresca española de desvergüenza y disparate que hemos vivido, y que aspiramos a superar, si no fuera porque podría tener otra lectura. Algunas de estas concesiones podrían abrir ahora sus puertas a miembros de la dirección del hospital o a altos cargos de la Conselleria, que ya han iniciado la desbandada.

Los responsables de esta caótica mascarada están buscando cobijo, y dada la capacidad de organización demostrada, se podría llegar a pensar que la razón para poder encontrarlo en estas concesiones solo podría entenderse como agradecimiento a la inyección monetaria que van a recibir, y que la descoordinación, el despilfarro y las molestias ocasionadas, han sido útiles al menos para algunos, y merecen una recompensa.

Si aspiramos a una nueva época en la que ya no valga todo, los nuevos gobernantes deberán velar para evitar, o al menos auditar, la apertura de puertas giratorias para quienes, desde cargos públicos, han favorecido el expolio del dinero de todos por un futuro en las empresas a las que han beneficiado. Tampoco en Sanidad debe tolerarse.