El Consejo de Administración de la empresa municipal Iniciativas Públicas de Gandia (IPG) aprobó ayer llevar a cabo una auditoría para conocer el número total de empleados de los que disponía la mercantil, sus funciones concretas en el seno de esta y los métodos de contratación que llevaron a cabo los anteriores responsables del Gobierno local de la ciudad, el PP.
Y es que, la nueva dirección de IPG estima que una gran parte de las contrataciones de la anterior legislatura se hicieron «con un supuesto fraude de ley», puesto que «no se llevó a cabo ningún proceso de selección, ni se respetaron los principios de publicidad y concurrencia por los que se tienen que regir en la administración pública», señalaron.
Desde la mercantil municipal estiman que a finales de la pasada legislatura «decenas de trabajadores de IPG no tenían ni centro de trabajo asignado ni cometido alguno». El nuevo Gobierno local calcula que, poco antes de las pasadas elecciones, la plantilla llegó a los 200 trabajadores directos, a los que habría que sumar un centenar de empleados vinculados de manera indirecta, ya fuera facturando como «falsos autónomos» o «mediante empresas intermediarias de servicios», denunciaron.
Desde el PP acusaron al PSPV y Més Gandia de seguir con «su caza de brujas» a través de esta auditoría. Arturo Torró,expresidente de IPG, señaló que el proceso investigará los últimos ocho años, por lo que también está incluida la segunda legislatura del socialista Orengo. Para Torró esto es «una buena noticia». Nosotros no tenemos nada que esconder. Aquí se demostrará que el anterior gobierno cumplimos siempre con la Ley, algo que no se dará en la última etapa socialista al frente del ayuntamiento e IPG».
