El Ayuntamiento de Gandia dispone de varias viviendas en propiedad que, por el abandono sufrido en los últimos años, no están en condiciones de usarse y, por lo tanto, no se pueden entregar a familias con rentas bajas o en riesgo de exclusión a cambio de un alquiler social.
Así lo ha constatado el departamento de Bienestar Social, que en las últimas semanas se ha tenido que poner las pilas para catalogar todos los pisos y plantas bajas para incluirlos en el Plan de Inversiones Sostenibles de la Diputación de Valencia, cuyas obras tendrán que están adjudicadas antes de que se acabe el año.
Según datos a los que ha tenido acceso este periódico, el departamento que dirige el concejal Nahuel González ha catalogado 33 viviendas de propiedad municipal, la mayoría de ellas ya ocupadas por familias en régimen de alquiler social, que requieren mejoras urgentes, algo que se hará en los próximos meses.
De esas 33 viviendas varias están vacías y, lo que es peor dada la actual situación de pobreza y exclusión, sin poderse ocupar porque no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad. Falta de agua, electricidad, puertas tapiadas, firmes o galerías hundidas son solo algunos de los problemas que reúnen estos inmuebles. En otras es imprescindible mejorar el sistema de evacuación de aguas residuales o el aporte de agua potable, cambiar sanitarios o poner cocina.
Repartidas por toda la ciudad
Las 33 viviendas se encuentran repartidas por toda la ciudad, pero mayoritariamente están situadas en edificios o zonas donde se concentran los inmuebles más baratos de la ciudad. Las calles Benicanena, la Safor, Algepseria, Alfauir, Primer de Maig, Plus Ultra, Perú o Séquia Assut concentran buena parte de estos inmuebles municipales.
El proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Gandia que financiará la Diputación de Valencia afecta al conjunto de las 33 viviendas. La mayor inversión irá a parar a aquellas que no se pueden usar por su pésimo estado. Levante-EMV estuvo ayer en uno de los inmuebles, una planta baja en la calle de la Safor, donde se hará necesario el derribo de paredes para la redistribución de los espacios y la consolidación de una parte del suelo, que se ha hundido.
En las viviendas vacías los obreros no tendrán problemas para actuar, pero el ayuntamiento programará un plan para anunciar a quienes habitan viviendas sociales incluidas en este proyecto para que, si es necesario, ocupen otros inmuebles durante los días que durarán los trabajos.
Paralelamente, el departamento de Bienestar Social tiene previsto revisar periódicamente la situación de cada una de las familias que ocupan estas viviendas municipales para determinar si su nivel de ingresos ha variado y pueden acceder al mercado libre de alquiler, en cuyo caso se daría la vivienda pública a otra familia más necesitada.
