El Ayuntamiento de Gandia quiere que los bancos que tienen viviendas vacías porque no las pueden vender o porque han sido embargadas a familias que no han pagado la hipoteca, las pongan a disposición de una bolsa social que permitiría destinar esos pisos a familias que están en riesgo de exclusión social por no poder pagarse una hipoteca o el alquiler en el mercado libre.
La idea, anunciada ayer por el concejal de Servicios Sociales, Nahuel González, ha sido tomada del Ayuntamiento de Barcelona, en donde la alcaldesa, Ada Colau, ya está negociando con los bancos el uso de miles de viviendas que están cerradas y degradándose en la ciudad mientras cientos de familias no tienen un lugar donde poder vivir dignamente.
Según González, la idea se planteará a los representantes de los bancos en una próxima reunión que mantendrán él mismo y la alcaldesa de la ciudad, Diana Morant. Según el concejal de Servicios Sociales, ahora ya existe una mayor predisposición de las entidades financieras a atender las peticiones del Ayuntamiento de Gandia, dado que en la pasada legislatura los bancos rompieron relaciones con el exalcalde Arturo Torró, a partir de septiembre de 2012, cuando dejó de pagar, sin ningún acuerdo previo, los créditos que el consistorio tenía contraídos.
En el caso de Gandia, se desconoce el número de pisos de bancos que están vacíos, pero con toda seguridad son centenares. Muchos de ellos han quedado sin inquilinos a raíz de la salida de la ciudad de miles de personas, la mayoría inmigrantes que han regresado a sus países, dejando la hipoteca por pagar.
Si los bancos aceptan la propuesta, esos pisos, que ahora se degradan paulatinamente por falta de uso o son ocupados ilegalmente, entrarían en una bolsa de alquileres sociales que gestionarían conjuntamente el ayuntamiento, entidades benéficas y los propios bancos, que serían, obviamente, quienes percibirían el dinero que abonarían los inquilinos.
Informe previo de insolvencia
Según reveló ayer el concejal González, en la ciudad existen en este momento cuarenta familias que demandan una vivienda de renta bajísima por no disponer de recursos para pagar un alquiler normal. En tres casos se trata de situaciones urgentes, dado que hay amenaza de desahucio y el ayuntamiento se compromete a que no quedarán en la calle.
El responsable municipal de Servicios Sociales considera que no puede tolerarse que nadie se quede en la calle mientras hay cientos de viviendas vacías y que esa va a ser una prioridad del Gobierno local.
Las familias beneficiarias de estos alquileres sociales deben contar con un informe que acredite que no tienen recursos para buscarse una vivienda por su cuenta, y en la mayoría de los casos se requiere el pago de un 30 % de los ingresos.
