La voluntad expresada por el nuevo Consell de la Generalitat de impedir que se siga construyendo en los primeros quinientos metros de la franja litoral de la Comunitat Valenciana va a afectar a la totalidad de los nueve municipios de la Safor que tienen suelo junto al mar.
Según pudo confirmar ayer este periódico, la Conselleria de Territorio que dirige María José Salvador ha enviado una circular a los ayuntamientos de Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Gandia, Daimús, Guardamar de la Safor, Bellreguard, Miramar, Piles y Oliva para que, a la mayor brevedad posible, remitan información sobre la situación jurídica del suelo urbanizable que quede en esa franja de 500 metros.
La misiva no habla del suelo no urbanizable porque el Consell da por hecho que no va a autorizar ningún cambio de uso, de manera que va a seguir vetado para nuevas urbanizaciones. La idea es justo la contraria, impedir que se sigan ocupando las playas para levantar viviendas.
Con esa carta, el Consell pone fin a la incertidumbre que levantó en su día con el Plan de Protección del Litoral y ahora confirma que en la Safor son cientos las hectáreas afectadas por ese proyecto que pretende poner fin a lo que los nuevos responsables de la Generalitat han calificado como «el urbanismo salvaje de los últimos 20 años».
El departamento de Territorio exige a los nueve ayuntamientos citados que informen por escrito sobre todo tipo de situaciones, desde el suelo urbanizable no programado hasta el suelo urbano, incluyendo aquellas áreas que cuenten con obras en ejecución.
De estos nueve municipios, los más afectados son, sin duda, Tavernes de la Valldigna y Gandia. En el primero de ellos está el sector urbanizable Marenys, al sur de la actual playa construida, que alcanza los 546.456 metros cuadrados y que supone la zona con mayor densidad de viviendas que quedaría pendiente de construir en toda la comarca de la Safor. Aunque la Generalitat no da pistas, lo más probable que esa urbanización ya no se pueda ejecutar.
En Gandia, el caso más llamativo es el de los 1.300.000 metros cuadrados de la playa de l'Auir, que constituye un caso paradójico porque, pese a ser urbanizable, el ayuntamiento y la Generalitat quieren preservarla. De hecho, hace dos semanas la consellera María José Salvador acudió a ese lugar para ponerlo como uno de los primeros ejemplos de zonas costeras que, gracias a su proyecto, quedarán definitivamente preservadas del hormigón.
Pero la orden de información del Consell también afecta al área de Marenys de Rafalcaid de Gandia, un suelo urbanizable y programado situado junto al término municipal de Daimús. En esa misma situación existe suelo en el resto de municipios. En mayor o menor cantidad, Daimús, Guardamar, Bellreguard, Miramar, Piles y Oliva disponen de suelo urbanizable junto al mar y, en algunos casos, como en Oliva, existen urbanizaciones programadas y aprobadas en el linde con Piles, cuyas obras han sido aplazadas provisionalmente debido a la crisis económica.
Según señala la Conselleria de Territorio, además de pedir informes sobre la situación del suelo no urbanizable en estos municipios, técnicos de la Generalitat llevarán a cabo una minuciosa labor, pueblo a pueblo y en cada uno de los sectores urbanizables, para que los responsables políticos determinen, de acuerdo a si se tienen que pagar más o menos indemnizaciones, las zonas que serán reclasificadas para que no se pueda construir.
