El Juzgado de Instrucción número 1 de Gandia ha abierto una investigación para saber si hubo comisión de delitos cuando, entre los años 2011 y 2012, el Gobierno de Gandia, del PP, compró a través de la empresa pública IPG la galería comercial del hotel Gandia Palace, situado en la playa.

Como era previsible, el juzgado gandiense ha seguido los pasos que le sugirió la Fiscalía Provincial de Valencia después de la denuncia que presentó el concejal socialista Vicent Mascarell, quien, como mantuvo durante toda la pasada legislatura, ve aspectos turbios en esa compra.

Como publicó este periódico, la cuestión que el juzgado intenta aclarar es si el entonces alcalde de la ciudad, Arturo Torró, junto al vicepresidente de IPG en ese momento, Javier Reig, cometieron prevaricación al perdonar, con un decreto 1,3 millones de euros que la empresa del hotel, Vipei, debía al ayuntamiento. Ese dinero iba «a cuenta» de la compra, que ascendía a 6,7 millones de euros, pero permitió a Vipei levantar el embargo que pesaba sobre varias de sus propiedades.

La Fiscalía de Valencia interpreta que eso evitó que el Ayuntamiento de Gandia se garantizara el cobro del IBI pendiente, porque Vipei pudo disponer y vender sus propiedades embargadas por el exalcalde Orengo en 2010.

Lo más rocambolesco de esta historia es que Arturo Torró continúa sosteniendo que la galería del hotel Gandia Palace no fue finalmente adquirida por el ayuntamiento porque también estaba embargada. Según Torró, él fue víctima de un engaño de Vipei, de manera que, cuando cayó en la cuenta, paralizó la compra.

En el actual Gobierno local, en cambio, se sorprenden de esa afirmación y aseguran que esa parte del hotel ya está a nombre del ayuntamiento, ha sido escriturada y se han pagado a la Generalitat cerca de 600.000 euros del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

Para aclarar si hubo o no delitos, lo primero que ha hecho el juez es citar a Vicent Mascarell con el objeto de que ratifique la denuncia. Es seguro que el paso siguiente será la citación de Torró y Reig, como pedía el fiscal en su escrito, para que aclaren las dudas.

En la pasada legislatura, la polémica y nunca del todo explicada compra de la galería del hotel fue objeto de una comisión de investigación en el ayuntamiento que quedó inconclusa.