La titular del juzgado de primera instancia número 3 de Gandia ha condenado a Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), y por consiguiente al propio consistorio, a pagar 55.000 euros a Viada Yachts SL, la empresa propietaria del galeón pirata que desde el verano de 2013 se encuentra amarrado en el Moll dels Borja.

Esta embarcación llegó desde el puerto de Sevilla a petición del anterior Gobierno local del PP con el objetivo de convertirla en un elemento dinamizador del turismo, puesto que estaba previsto que acogiera espectáculos de piratas dirigidos, en gran parte, a los más pequeños.

Aunque aquella gestión, como muchas otras durante la etapa de Arturo Torró al frente del Ayuntamiento de Gandia, se vendió «a coste cero», lo cierto es que, entre IPG y la sociedad propietaria del galeón existía un «contrato verbal» por el que la administración local se comprometía a pagar 24.500 euros por el traslado desde la costa andaluza, la luz, el agua, 2.000 euros al mes para el mantenimiento de la embarcación y una cantidad mensual por el amarre a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). Así queda acreditado en una sentencia a la que ha tenido acceso este periódico y que responde a la demanda que interpuso Viada Yachts por el impago por parte de IPG de 55.000 euros para cubrir los gastos del barco.

En abril del 2016 la empresa denunció a IPG al no ver satisfecha ninguna de las mensualidades comprometidas y comprobar, por otra parte, que el nuevo ejecutivo no tenía ninguna intención de abonar dicho dinero amparándose en que no existía ninguna relación contractual que probara que lo que argumentaba Viada Yachts era cierto.

Precisamente esta tesis fue la que utilizó la defensa de IPG durante el juicio en el que se dirimía esta causa. Los representantes de la empresa pública llegaron a alegar que el barco no se encontraba en Gandia en noviembre de 2013 y que desde la finalización del verano de ese año «realizaba una actividad al margen del ayuntamiento», algo que, según la magistrada «no ha podido ser probado».

La juez, sin embargo, dio por acreditado que sí existía, como afirmaba la empresa, un contrato verbal con la administración de Torró, algo que, a su entender, quedó demostrado con la existencia de facturas, transferencias bancarias, pagos y comunicaciones entre las partes en las que, en ningún momento, se rechazaban las peticiones de pago por parte de la gestora del galéon.

Según la resolución judicial, un testigo explicó durante la vista que «el acuerdo verbal se negoció con el señor Just (entonces concejal de Playa) y con el señor (Carlos) Bolta» (que ejercía de responsable de Turismo de IPG).

En la misma sentencia se apunta que la administración del PP solo realizó un pago de 20.000 euros a la empresa en concepto de traslado del barco y otros 4.200 en 2014 a petición de la Agencia Tributaria, ya que este organismo había embargado las cuentas de la empresa por no pagar el IVA.

A partir de ahí, según se desprende del texto, Torró no pagó ni un solo euro al barco. En 2015, con la entrada del nuevo gobierno, se dio orden de desengancharlo del alumbrado público y se pidió a la APV que dejara de pasar la factura mensual del amarre.

Con este, se conoce un nuevo caso en el que el anterior Ejecutivo del PP anunció un proyecto «a coste cero» que en realidad supusieron miles de euros públicos».