La histórica discriminación a la que los sucesivos presupuestos generales del Estado someten a la Comunitat Valenciana, algo que incluso acaba de provocar la protesta de la líder del PP, Isabel Bonig, se puede apreciar con total nitidez en el caso de la comarca de la Safor.

Analizadas las cuentas presentadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, bien podría decirse que en 2017 la Safor volverá a quedar esperando obras que están anunciadas desde hace décadas por el simple hecho de que no se ha puesto el dinero necesario para ejecutarlas.

La única partida que apunta a un cierto optimismo son los 5,8 millones de euros que se han incluido seguir con las obras del acceso sur al puerto de Gandia desde la carretera nacional 332. Pero esa cifra ni siquiera es suficiente para terminar un proyecto que arrancó hace siete años y que el PP, cuando llegó al Gobierno de España, paralizó por los recortes presupuestarios.

Con estos 5,8 millones de euros en 2017 continuarán los trabajos para poder acondicionar el tramo de la nueva carretera al puerto que, por fin, permitirá mejorar los accesos al hospital Francesc de Borja de Gandia, inaugurado hace dos años, así como a las áreas comerciales situadas junto a las carreteras de la Vital y de Daimús. Pero el presupuesto del Estado no dará para que los camiones lleguen al puerto, para lo cual se tiene que construir un enorme puente sobre la desembocadura del río Serpis. La previsión del Ministerio de Fomento es que esa obra acabe entre 2018 y 2019, nueve años después de que se iniciaran los trabajos.

Mucho peor es el golpe que el presupuesto de 2017 asesta a un proyecto vital para el municipio de Oliva. En esta localidad se ha recibido con enorme desencanto e indignación que Fomento solo haya incorporado 100.000 euros para ejecutar la anunciada conexión de la carretera nacional 332 y la autopista AP-7 al sur de esa ciudad.

Se trata de una obra valorada en 29 millones de euros que debería estar terminada el 1 de enero de 2020 para que, coincidiendo con la esperada gratuidad de la autopista, todo el tráfico que ahora discurre por el casco urbano pueda ser desviado y Oliva comience a rediseñar la actual travesía de la N-332 que reduce la calidad de vida de miles de personas debido al tráfico, contaminación y el ruido.

Si el Gobierno de España hubiese tenido la intención de cumplir su palabra y que ese desvío se pueda producir desde el primer día de 2020 al menos tendría que haber incluido en este presupuesto de 2017 varios millones de euros para adjudicar las obras y no los exiguos 100.000 euros que no dan ni para un palmo de esa nueva carretera.

Pese a ser un punto negro de las carreteras valencianas, el presupuesto de 2017 tampoco permite terminar el tramo de autovía entre Tavernes de la Valldigna y Cullera, paralizado o con obras en ralentí desde hace años, algo que la semana pasada, durante una visita a Cullera, reconoció el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. El alcalde de esa ciudad, Jordi Mayor, le recriminó el retraso mientras se producen fatales accidentes en esa zona.

Para el tren Gandia-Oliva-Dénia, reconvertido hace unos años en el tren de la costa entre Gandia y Alicante, no solo no se ha puesto dinero, sino que hace unos días el Ministerio de Fomento justificó que no se haga nada porque se están llevando a cabo proyectos sobre su viabilidad, algo que contrasta con decenas de proyectos ferroviarios que, pese a no ser viables económicamente, sí que se están ejecutando, entre ellos costosísimas líneas de alta velocidad.

Sobre esta ansiada vía férrea, el Ayuntamiento de Gandia advirtió hace unos meses de que las obras que se están ejecutando en el polígono de Sanxo Llop para el acceso sur al puerto de Gandia no habían contemplado el espacio reservado para el futuro túnel del tren hacia Oliva, tal y como figura en el plan que diseñó la Generalitat Valenciana hace más de una década. Fomento ha respondido indicando que, al no haber previsión para la construcción de la vía férrea, opta por no hacer el túnel, sin perjuicio de que se lleve a cabo cuando, en su día, se apruebe el proyecto.

Cero en recursos hídricos

Tampoco la durísima sequía de tres años que ha sufrido toda la cuenca del río Serpis, con mortandad de fauna y problemas para suministrar al riego, ha movido al Ministerio de Medio Ambiente para incluir en estos presupuestos de 2017 una partida económica, siquiera inicial, para cumplir con el compromiso anunciado hace años y conseguir que el agua que llega a la depuradora comarcal de la Safor-sur, situada en Gandia, pueda destinarse al riego.

Ese proyecto, que consiste en aplicar el llamado tratamiento terciario, permitiría respirar de cara al futuro, dado que esa gran instalación de aguas residuales urbanas recibe cerca de diez hectómetros cúbicos cada año, suficientes para poder abastecer miles de hanegadas de terreno agrícola.

Y, en cuestión de agua, tampoco hay el más mínimo indicio de que el Gobierno quiera retomar el proyecto contra inundaciones del río Vaca, insistentemente reclamado por los tres municipios de la Valldigna y por Xeraco, al considerarlo que es vital para evitar desastres ante fuertes lluvias.