La inspección que el Ministerio de Hacienda está llevando a cabo en los municipios valencianos para detectar viviendas o ampliaciones ilegales coincide en el tiempo con otro plan, en este caso de la Generalitat Valenciana, para regular cerca de 400.000 inmuebles que en su día se construyeron sin licencia en cientos de zonas diseminadas de los municipios.
En la Safor existen muchos lugares con ese tipo de inmuebles. Villalonga, Gandia, Palma de Gandia, Simat de la Valldigna, Ador, Oliva o la Font d'en Carròs figuran entre los que más casas han permitido durante las últimas décadas.
La consellera de Territorio y el presidente de la Generalitat, María José Salvador y Ximo Puig, respectivamente, anunciaron el sábado pasado un plan para regularizar esas viviendas y adoptar medidas que permitan acabar con lo que definieron como «urbanismo especulativo aplicado durante más de veinte años por la Generalitat del PP».
Esa bolsa de viviendas está formada por dos tipos: los llamados «diseminados», viviendas solitarias construidas sin permisos en terrenos rústico, y las urbanizaciones iniciadas durante los años del auge del ladrillo que nunca fueron finalizadas y que hoy generan muchos problemas.
Así, la modificación de la ley autonómica abre la puerta a estudiar cada caso «de forma singular» y las intenciones del ejecutivo autonómico pasan por «suturar la herida causada en nuestro territorio por culpa del urbanismo en B y la caótica herencia recibida», en palabras del propio Puig.
Permitir una modificación correcta de los terrenos y minimizar el impacto paisajístico son otras de las finalidades del ejecutivo, para lo cual será necesaria la participación de cada uno de los ayuntamientos en los que se encuentran estas viviendas.
