María Vicenta Ibiza (61 años) y Julia Milla (67), ambas de Oliva, son dos «abuelas coraje» y a la vez víctimas colaterales del drama social y familiar que provocan las drogas. Sus respectivos hijos, ella de 37 años y él de 46, mantienen una relación, pero padecen adicciones desde hace años, sobre todo al alcohol. El pasado 9 de enero ambas se convirtieron, por primera vez, en abuelas.
La niña nació en el hospital comarcal Francesc de Borja, en Gandia, aparentemente sana aunque prematura, con un peso de 1,7 kilos. Tras un tiempo en la incubadora, a finales de enero la enviaron a casa.
Pero cuando Noa tenía dos meses de vida se le detectó una grave enfermedad hepática motivada, probablemente, por la adicción al alcohol de la madre, que no había dejado de beber durante todo el embarazo. A la niña le faltaba la vesícula y los conductos biliares, por lo que requería una intervención quirúrgica urgente. Para ello fue trasladada al hospital La Fe, en València, y fue operada el 31 de marzo.
Pero aún con la niña ingresada María Vicenta, la abuela materna, tuvo una fuerte pelea con su hija, discusión que alertó al personal sanitario y de La Fe. Fue entonces, ante la gravedad de la situación, cuando la Generalitat activó un protocolo de seguridad.
Tras comprobar los antecedentes de Servicios Sociales, las partes acordaron entregar a la menor a una familia de acogida por un periodo inicial de 9 meses, cosa que sucedió el 12 de abril, cuando la niña recibió el alta médica.
«Ese día fue durísimo», recuerda María Vicenta, «sobre todo cuando vimos que la asistenta social se llevaba a la niña en un taxi con los cristales tintados». «Te sientes impotente», añade Julia.
Los responsables de la Generalitat, según relatan a este periódico las abuelas, les aseguraron que en cualquier momento que lo solicitaran podrían visitar a la niña y conocer detalles sobre su estado de salud y su evolución.
Pero las noticias de Noa no llegan. Desde hace un mes las abuelas, y por extensión el resto de familiares, apenas saben nada de la niña. «Le hicieron una biopsia y no conocemos los resultados, no sabemos en qué población está la familia de acogida, ni un teléfono de contacto, ni siquiera tenemos una fotografía reciente, nada», se lamenta Julia.
Desesperadas, el pasado 15 de mayo se plantaron en València, en las oficinas de la Conselleria. Allí les atendió el funcionario que llevaba su expediente, pero la respuesta que les dio acabó por indignarles todavía más.
«Nos dijo que Noa tenía un 50% de probabilidades de sobrevivir y otra cosa que nos disgustó muchísimo; que nosotras ya éramos demasiado mayores para pedir la custodia de la niña».
El futuro de Noa es complicado. Lo que saben es que se le están aplicando medidas paliativas, pero es probable que necesite un transplante de hígado. Sin embargo, al ser tan pequeña el implante no se le puede realizar al menos hasta que cumpla los 8 o 9 años.
Las abuelas aseguran que ambas están en plenas facultades mentales y físicas para tener la tutela de la niña. «Incluso estamos dispuestas a irnos a vivir juntas a una casa para tenerla». Pero, si ellas no fueran aptas, señalan que hay otros familiares que se han ofrecido a acoger a la niña y hacer todo lo posible para que Noa sea una niña feliz y atendida, pese a las secuelas de su enfermedad o la situación actual de sus padres biológicos, provocada por su adicción a las drogas.
Los progenitores están en tratamiento en la Unidad de Conductas Adictivas (UCA), pero esto no es suficiente para tener un informe favorable de los Servicios Sociales. Y tras este episodio vivido con la niña la relación entre las madres y sus respectivos hijos no pasa, precisamente, por su mejor momento.
Las abuelas, asesoradas por una abogada, también han pedido ayuda al Síndic de Greuges y si el asunto no se soluciona en los próximos dos meses por la vía administrativa o civil no descartan acudir a los tribunales contra la Generalitat.
