17 de junio de 2017
17.06.2017

El presunto desfalco de Daimús ya alcanza a 4 personas y superará el millón de euros

Además del funcionario que desviaba dinero a sus cuentas o las de su familia, el alcalde aparta del cargo al alguacil por su supuesta colaboración - El proceso para apropiarse de dinero camuflándolo con pagos a Iberdrola se remonta al año 2002

17.06.2017 | 04:15
El presunto desfalco de Daimús ya alcanza a 4 personas y superará el millón de euros

Factura a factura y actuando al menos durante los últimos quince años, el funcionario del Ayuntamiento de Daimús acusado de fraude y malversación de fondos públicos podría haber amasado una fortuna que supera, con creces, el millón de euros.

Es el resultado de las últimas auditorías realizadas por el ayuntamiento de esta pequeña localidad de la Safor, en donde la mayoría de los vecinos no sale de su asombro a comprobar cómo, presuntamente, quien fue el hombre de la máxima confianza de todos los alcaldes en el departamento de Hacienda se habría podido embolsar ese dineral a costa de todos los contribuyentes.

Como adelantó este periódico el pasado mes de marzo, el acusado, José Bernardo F. J., de 55 años y funcionario municipal de Daimús desde hace 30, encontró, presuntamente, un sistema para llevarse dinero a su cuenta corriente y, como se ha sabido ahora, a las de algunos de sus familiares.

José Bernardo aprovechaba el pago mensual del ayuntamiento a la empresa Iberdrola para, una vez liquidadas, apartar algunas de las facturas que formaban parte del paquete global y, sin levantar sospechas, ingresar nuevamente el dinero, pero esta vez a su cuenta corriente, la de su mujer y la de un hijo.

Si bien inicialmente se pensó que esa actividad ilícita se habría producido durante los últimos siete años, las sucesivas auditorías ordenadas por el alcalde, Javier Planes, han llevado a la sospecha que el sistema de fraude ya se remontaría al año 2002, y se sigue investigando por si ya antes ocurría.

Cada pago de facturas, prácticamente con carácter mensual desde hace quince años, superaba los dos mil euros, pero se han visto cantidades extra mucho mayores. La suma total, que inicialmente se situó en un posible desfalco de entre 300.000 y 350.000 euros, ya alcanza la sospecha de mucho más de un millón, posiblemente acercándose a los dos.


Salpicado el alguacil

Otra novedad importante de las últimas auditorías realizadas por el ayuntamiento, y van tres, es que José Bernardo también se valió de otro funcionario, un alguacil de Daimús, al que, presuntamente, convenció para ingresarle dinero en su cuenta bancaria a cambio de que, posteriormente, se la «devolviera». Cuando el afectado le preguntaban por esa extraña actuación, el funcionario tranquilizaba al alguacil indicándole que se hacía así para facilitar algunos pagos del ayuntamiento. Por extraño que parezca, tampoco esta práctica se detectó antes de que la cifra del desfalco se disparara.

Aún no se sabe si en esa trama alguien más se pudo beneficiar económicamente, dada la enorme cantidad de dinero que se sospecha que ha sido defraudado, pero el alcalde ha actuado de la misma manera que hizo con José Bernardo F. J. y, al tener constancia de los hechos, ha suspendido de empleo y sueldo al alguacil hasta que la justicia aclare todo lo sucedido y emita su veredicto de culpabilidad o inocencia.

Todas estas novedades apuntan directamente a una auténtica trama perfectamente ideada y ejecutada durante muchos años para desviar dinero público de Daimús a las cuentas del funcionario acusado.

El alcalde de la localidad, Javier Planes, señaló ayer, al ser preguntado por este periódico por todo este asunto, que de momento va a seguir guardando silencio con la única intención de no interferir en la investigación judicial abierta y que, cuando las cosas estén mínimamente aclaradas, convocará una reunión de vecinos para explicarlo todo, especialmente el proceder el ayuntamiento en el momento en que se descubrió el pastel.


Declaración de funcionarios

Según dijo en su momento a este periódico, la actuación de Planes cuando se percató de que algo extraño estaba ocurriendo fue comunicarlo resumidamente a todos los grupos políticos y elevar un informe a la Fiscalía, que inmediatamente abrió diligencias de investigación penal. Paralelamente se ha presentado una querella contra el funcionario afectado, que se extenderá a otras personas si existe algún indicio de actitudes delictivas.

El juzgado de Gandia que tramita este caso ya citó a José Bernardo F. J. en calidad de investigado, pero este se negó a declarar. Los siguientes pasos serán la toma de declaraciones a otros funcionarios municipales, en calidad de testigos. No se descarta que, posteriormente, también comparezca el alcalde, igualmente como testigo.

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