h ace poco más de un mes se abría al público el paseo del Espigón Norte, un espacio llamado a figurar entre los preferidos por los paseantes locales y forasteros. La entidad Puertos del Estado ha financiado el 100% de la obra. Y en contra de lo que mantiene el exalcalde Torró, el Ayuntamiento de Gandia no ha variado un ápice el proyecto inicial, barandilla mediante. Tenemos, pues, una actuación situada en la demarcación de la Autoridad Portuaria de Valencia en la zona de interacción puerto-ciudad.

Vaya por delante que la obra no ha sido aún recepcionada; es decir, estaría sometida a una especie de periodo de prueba o de garantía inicial para la subsanación de los posibles defectos o vicios ocultos que pudieran aparecer. En virtud de los acuerdos entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Gandia corresponde a éste el mantenimiento de la instalación. La limpieza, la reparación de posibles desperfectos y el alumbrado público son tres de los apartados que se incluyen en el protocolo de mantenimiento.

Pues bien, el técnico municipal competente en la materia, tras la pertinente revisión, detectó un fallo en el cableado del alumbrado -hablamos de un paseo que tiene una longitud de casi un kilómetro- e instó a la dirección de la obra a solucionar la citada anomalía. Ante esta tesitura la Policía Portuaria decidió el cierre nocturno del paseo por razones de seguridad. Poco tardó la oposición en cargar este cierre nocturno en el «debe» de la acción del Gobierno. En este caso concreto de lo único que se nos puede acusar es de exceso de responsabilidad. En el pasado se dio el visto bueno a obras que luego se revelaron auténticas chapuzas. Una buena gobernanza nos obliga a velar por el dinero de los ciudadanos, aun a costa de soportar las críticas de los mismos. Nos hemos propuesto en esta legislatura ser minuciosos en el tratamiento de aquello que los romanos bautizaron con acierto como la «res pública».

Esta misma semana realizábamos una visita a la pasarela de madera del final de la playa. Cuatro años de abandono han obligado a la Diputación Provincial a inyectar 125.000 euros para recuperar este espacio protegido y galardonado. Se ha remodelado en su totalidad con nuevo mobiliario urbano -papeleras, sillas y bancos- e iluminación con tecnología LED escasamente invasiva del entorno.

Quienes visiten este espacio público convendrán conmigo en su espectacularidad. Pero siempre hay un «pero». Esta vez en forma de discutir la prohibición de la circulación de bicicletas y otros vehículos que no sean los propios de personas con movilidad reducida. La empresa que se ha encargado de las obras de revitalización recomienda el veto por dos razones. La primera está relacionada con la seguridad, ya que se trata de un espacio que comparten peatones y ciclistas y el ancho de la pasarela obliga a la restricción. La segunda razón es que el paso continuo de bicicletas y de otros vehículos daña la estructura de madera de toda la instalación. Ya no sólo hay que hablar de bicicletas, quien esto firma fue testigo el martes pasado de la detención por parte de la policía local de una decena de karts que se disponían a colapsar este espacio público.

Otro tanto sucede con el puente sobre el río Sant Nicolau al Grau. Una pasarela peatonal de madera en constante deterioro por el paso continuo de bicicletas. Peligro para los viandantes y también para los ciclistas, sobre todo para los que usan los denominados modelos de carretera ya que más de una rueda se ha incrustado entre las traviesas, produciéndose el susto correspondiente. Más de un accidente se ha registrado con el resultado de lesiones y declaración de responsabilidad patrimonial por parte del ayuntamiento. Esta cuestión ha sido abordada en diversos foros ciudadanos como el Forum 21 o la Junta de Distrito del Grau. Sobre la mesa hay una propuesta valiente y atrevida.

Alguna solución habrá que adoptar para salvaguardar la integridad de ciclistas y peatones. Estamos obligados a tomar conciencia de la importancia que tiene el mantenimiento de los espacios públicos. Al fin y al cabo se trata de lugares comunes que disfrutamos y que pagamos todos los ciudadanos.