Los vecinos de un edificio ubicado en la calle Lector Romero de Gandia han llegado al límite de su paciencia con una inquilina que, según denuncian, lleva años causando molestias y destrozos en el edificio y amedrentando a los habitantes del inmueble. Se trata de una chica que, además, no paga la comunidad ni tampoco el alquiler, pese a que es una vivienda social municipal por la que debería abonar una cantidad mensual al consistorio.

Según señaló ayer Daniel Pandanelli, presidente de la comunicad, «llevamos mucho tiempo denunciando esta situación a los Servicios Sociales y no han hecho nada para expulsarla del piso, a pesar de que ni siquiera cumple con sus obligaciones económicas», indicaba ayer en conversación con este periódico.

La acción que ha acabado por sublevar a la comunidad ha sido el destrozo, presuntamente por parte de esta vecina, de la instalación de agua potable del edificio «a martillazos», que causó una importante inundación en los bajos de la finca y también en la calle. «Este acto ha ocasionado una factura de 1.800 euros que ahora deberá hacer frente la comunidad porque ella no lo va a pagar», indicó Pandanelli. También han presentado denuncia ante el juzgado.

El comportamiento de esta inquilina va desde el intento de quemar una puerta de otra vivienda, hasta destrozos en la puerta de entrada al edificio, insultos a los vecinos con los que se encuentra por las escaleras, rayadas en el portero electrónico. Todo sin contar, denuncian, las peleas que la mujer mantiene con sus parejas en el interior de la casa.

Los vecinos no entienden cómo tratándose de una vivienda pública, no se ha producido aún su expulsión de la misma. «Nos dijeron tiempo atrás que no se podía hacer nada porque tiene tres hijos menores y no les podían dejar sin vivienda», señaló el presidente de la comunidad. «Pero hace ya un tiempo que no tiene a los niños porque también se los han quitado los servicios sociales, así que ya pueden expulsarla pero no lo hacen», denunciaba Pandanelli, cansado por la situación.

Desde el PP gandiense, formación que dio a conocer la situación ayer, mostraron su apoyo a los vecinos y pidieron al gobierno que actúe. «Esto tiene una solución política y el gobierno la tiene que dar y más tratándose de un piso de propiedad municipal», señaló el concejal y coportavoz del grupo, Vicent Gregori.

El problema está en vías de solución. El Gobierno local ha abierto un expediente para proceder al desahucio de esta mujer, una vez comprobadas las importantes molestias que genera a los vecinos de la finca y también debido al hecho de que no cubra el alquiler ni los gastos de la comunidad. Hace más de un mes que se inició el procedimiento pero que se trata de un trámite lento. Fuentes consultadas señalan que, con esta chica, se ha tratado de llevar a cabo una intervención social que no ha sido fructífera por su falta de colaboración.