Después de años de precariedad, insuficiencia de medios y denuncias para poner en evidencia esta situación, el Destacamento que la Fiscalía de València tiene en Gandia, que cubre todo su partido judicial, cambiará de sitio y dispondrá de las condiciones adecuadas para que los fiscales puedan ejercer su función.
Según ha podido saber este periódico, a principios del año nuevo se producirá el esperado traslado de los dos pisos que actualmente ocupa la Fiscalía en la calle Ciutat de Laval hasta las nuevas dependencias, situadas en el edificio propiedad de la Generalitat Valenciana situado en el tramo final de la calle Benicanena, dentro del sector denominado Beniopa-Passeig.
El cambio será posible tras un considerable esfuerzo económico de la Generalitat. Por una parte, la Conselleria de Justicia ha invertido 459.069 euros en la adecuación de las dependencias, respondiendo así a la cesión del inmueble que en su día hizo el Ayuntamiento de Gandia, dado que se trata de una propiedad municipal. Los trabajos han sido ejecutados por la empresa Edificaciones Castelló.
En segundo lugar, la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) acaba de sacar a licitación el servicio de vigilancia permanente de ese recinto, dado que, como resulta obvio, en las dependencias de la Fiscalía se guardan documentos sensibles que son imprescindibles para la tramitación de procesos judiciales. Según la EIGE, la vigilancia deberá ser de 24 horas, y el concurso sale por un valor de 68.577 euros, ascendiendo a los 102.866 si se prorroga a 9 meses. El total de inversión, entre la vigilancia y las obras de adecuación, rebasa con creces el medio millón de euros.
Durante años la situación de los juzgados de Gandia ha sido noticia, en negativo, por la precariedad con que se ha estado trabajando. Entre esas deficiencias se encuentra el destacamento de la Fiscalía, con una escasez de espacio que obligaba a acumular cientos de expedientes en los pasillos de los pisos. Los sindicatos de funcionarios denunciaron en varias ocasiones la necesidad de llevar a cabo un traslado a otro lugar más amplio y que reuniera mejores condiciones de trabajo, pero se tuvo que esperar al nuevo Consell de la Generalitat para dar cumplimiento a esa propuesta.
De hecho, la actual consellera de Justicia, Gabriela Bravo, es una perfecta conocedora de la situación, dado que, como portavoz que fue del Consejo General del Poder Judicial, visitó varias veces los juzgados de Gandia y escuchó en boca de los magistrados la saturación en la que se encuentran.
Aunque también se prometió la construcción de un Palacio de Justicia, la enorme deuda que ha dejado sin capacidad a la Generalitat llevó a sustituir ese proyecto por el alquiler de plantas bajas en las que poder abrir los nuevos juzgados, entre ellos el de violencia contra la mujer, situados a no mucha distancia del edificio central y de la comisaría de policía.
