La Comunitat Valenciana se convierte, de nuevo, en uno de los principales escenarios donde se ha desarrollado el tercer, y hasta ahora último, gran mazazo a las mafias rusas asentadas en nuestro país. La operación de ayer, una de las más amplias por número de arrestos y que está precedida por la Avispa (2005-06) y la Troika, ha permitido la detención de 69 personas en seis países europeos.
De ellas, 24 fueron apresadas en España: uno en Valencia, dos en Cullera, una en Gandia, cuatro en Getxo (Vizcaya) –todos ellos residentes en Valencia y desplazados temporalmente al País Vasco y que son: el contable de la organización, Z. D., de 37 años ; su mujer Irma J., de 31; G. G., de 29 años; y un cuarto cuya identidad no ha trascendido-, quince en Barcelona -entre ellos, un hombre que residió hasta hace un año con sus padres e Alicante y cuyo antiguo domicilio fue registrado ayer- y uno en Guadalajara. Así, el recuento final establece que nueve de los 24 detenidos en España residían o habían residido hasta hace poco en la Comunitat Valenciana. Todos, menos uno, que es armenio, son de origen georgiano.
La operación Java, que dio comienzo de manera simultánea en los cinco países -España, Austria, Alemania, Suiza, Francia e Italia- sobre las seis de la madrugada de ayer, ha permitido a la Policía Nacional, a la Ertzaintza y a los Mossos d´Esquadra la intervención de abundante documentación y de ordenadores y discos duros con numerosa información que deberá ser analizada, pero también de vehículos, cuentas bancarias, joyas, armas y dinero en efectivo.
Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, el principal cometido de la red desarticulada ayer era –como ha ocurrido en las operaciones antimafia rusa anteriores- blanquear el dinero que las ramas «operativas» de la organización obtenían en diferentes países de Europa, robando, extorsionando y dando palizas. Todo ello era canalizado hasta llegar a manos del «tesorero», quien presuntamente le daba salida a través de negocios legales, inversiones inmobiliarias y compra de vehículos. La policía investiga si, además, habían cometido delitos en territorio español.
La operación Java en España ha sido dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska y por la Fiscalía Anticorrupción.
Según las fuentes consultadas por este diario, la policía practicó ocho registros en Valencia –en las calles Profesor Ángel Lacalle y Luis Bolinches Compañ del «cap i casal», así como en domicilios y negocios de Gandia y Cullera– uno en Alicante, uno en Getxo, uno en Madrid y una decena en Barcelona.
Una vasta operación que nació buscando ladrones de domicilios
La operación Java comenzó, en España, cuando el Grupo de Respuesta contra el Crimen Organizado (Greco) de Benidorm seguía la pista lo que en aquel momento parecían unos simples ladrones de pisos. Pero las andanzas de los sospechosos evidenciaron que tras ellos había algo más que simples murcigleros, así que los agentes dieron la alerta a la Unidad de Dogas y Crimen Organizado (Udyco) central, que ya estaba en contacto con sus colegas de varios países europeos quienes seguían el rastro del dinero georgiano. La fase de explotación de la operación Java en Valencia contó con agentes de la Udyco de Valencia, de la central y del Greco, así como con el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la policía nacional, especialistas en el asalto a viviendas de delincuentes peligrosos. Los detenidos, que permanecían anoche en los calabozos del antiguo cuartel de Zapadores, serán puestos cuanto antes a disposición del juez de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska.
