La Guardia Civil de Valencia ha decidido no imputar a nadie en esta provincia en la operación Telémaco contra la pornografía infantil tras tomar declaración a la persona que utilizaba el ordenador portátil del párroco de Algemesí, S. J. C. V., inicialmente investigado en la causa al ser el titular de la línea telefónica de conexión a internet y exonerado al comprobarse que no era el usuario habitual de la computadora.
El arcipreste de Algemesí hasta el pasado día 1 de septiembre, S. J. C. V., es una de las 19 personas investigadas inicialmente por el juez de Instrucción número 3 de Cangas (Pontevedra) en el marco de esa operación, impulsada por la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra y que se saldó con trece detenidos.
De hecho, tal como informó ayer Levante-EMV basándose en la nota de prensa oficial difundida el jueves por la comandancia pontevedresa -y que anoche continuaba colgada en la página del Ministerio del Interior-, el párroco de la basílica de Sant Jaume de Algemesí figuraba como uno de los seis imputados en la lista de personas investigadas, con sus iniciales, edad y lugar de residencia.
El hecho de que el párroco fuera el titular de la línea de conexión a internet del ordenador portátil desde el que supuestamente se realizaron descargas sospechosas fue lo que llevó al juez instructor a firmar el mandamiento de entrada y registro a nombre de S. J. C. V. como responsable de la línea y del ordenador, que solía ser utilizado desde un despacho parroquial.
No se le tomó declaración
Fuentes próximas al caso consultadas en Valencia dijeron ayer que ni se le ha tomado, ni se le va a tomar declaración al ex arcipreste de Algemesí, ya que dejó de ser objeto de la investigación.
El Arzobispado de Valencia también ha matizado que el citado párroco es completamente ajeno a los hechos y no guarda relación alguna con un presunto delito de pornografía infantil.
Como en cualquier otra operación policial de este tipo, los investigadores rastrearon todos los ordenadores que en un tiempo limitado descargaron pornografía infantil en todo el territorio español. Tras aplicar diversos filtros, según explicaba la nota de prensa oficial de la Guardia Civil de Pontevedra, se acotaron 24 conexiones sospechosas en 16 provincias.
La ubicación de los ordenadores desde los que se habían descargado hasta 15 archivos pedófilos -tope mínimo establecido en esta investigación para confirmar que no son descargas accidentales- se logró identificando la IP de los terminales informáticos, algo así como su DNI.
Una vez conocida la ubicación física y delimitados quiénes eran los dueños de esas computadoras y de las conexiones telefónicas, el juez ordenó la entrada y registro de los domicilios en los que se encontraban, diligencia que se practicó el miércoles en toda España, incluido Algemesí.
Ante el abundante número de ubicaciones, la Guardia Civil de Pontevedra pidió colaboración a sus colegas de las distintas comandancias en las que estaban físicamente ubicados los ordenadores, como marca el protocolo policial en todos los casos.
Por ello, fueron agentes de esas comandancias -entre ellas, la de Valencia- quienes realizaron los registros y constataron si en los ordenadores había o no pornografía infantil, así como si el titular podía ser el responsable de las descargas o si había más personas con acceso a esas máquinas. Incluso si la conexión pudo haber sido pirateada por terceros.
El atestado será enviado al juez
Cuando se llevó a cabo el registro en la parroquia de Sant Jaume, los agentes fueron informados de que S. J. C. V. había cedido el uso del portátil a una persona de su entorno, por lo que el ex arcipreste dejó de ser objeto de la investigación por parte de la Guardia Civil de Valencia. Es más, ni siquiera se le tomó declaración como testigo. Extremos que, sin embargo, no constaban en la nota del instituto armado.
El usuario habitual de la computadora decidió entonces comparecer voluntariamente ante los investigadores. Tras escuchar su declaración, realizada en calidad de testigo, y estudiar el informe elaborado por los especialistas acerca del contenido del portátil, los agentes de Valencia decidieron no detener ni imputar al segundo investigado, y dejar que sea el juez gallego quien tome la decisión final la próxima semana, cuando reciba y analice todas las pruebas e informes aportados por agentes de las 16 comandancias en las que se ha actuado.
Las fuentes eclesiásticas antes aludidas no aclararon qué relación guarda el usuario habitual del ordenador con la parroquia.
El juez gallego amplía la investigación para identificar a los niños
El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Cangas, que coordina la Operación Telémaco que permitió desarticular una red de pornografía infantil en Internet mediante un sistema informático pionero desarrollado por la Universidad de Vigo y el Centro Teconológico de Telecomunicaciones de Galicia, ha ampliado la investigación para tratar de identificar a los niños víctimas de los pedófilos, que podrían encontrarse en el entorno de alguno de los detenidos.
Los miles de archivos intervenidos en esta operación serán analizados por la Unidad Telemática de la Guardia Civil de Pontevedra.
El juez de Cangas y el fiscal de Delitos Telemáticos tomaron ayer declaración a J. B. D. O, vecino de Zaragoza de 62 años y presunto productor de material pornográfico infantil, y a J. M. S.V ., de 68 años y profesor universitario que guardaba más de 3.000 archivos pornográficos en su ordenador. Tras varias horas de interrogatorios el juez los dejó en libertad con cargos, con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado, tal como había hecho con el lucense que declaró la víspera y que podría ser otro de los productores del material pedófilo.
Ninguno de ellos ha negado los hechos, pues la cantidad de material intervenido y el programa "Vicus" desarrollado por ingenieros de Vigo no deja margen de error: todos los implicados tenían al menos 15 archivos de pornografía infantil que no habían podido ser descargados accidentalmente.
