El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha archivado la causa abierta contra el expresidente de la Diputación de Valencia Fernando Giner por un delito de coacciones que se le imputaba tras la denuncia presentada en 2010 por el alcalde de Vallada, Vicente Perales.

El auto de sobreseimiento, firmado por el magistrado Juan Montero, decreta el archivo de la denuncia de Perales, que denunció a Giner por cambiar la cerradura del local municipal que ocupaba la Asociación Democrática y de Progreso de Jubilados y Pensionistas y apropiarse de unos documentos.

Montero cree que los hechos que se le imputan a Giner, quien también fue alcalde de Vallada, "no son constitutivos de delito alguno" y señala que con la entrada en el inmueble no se pretendía "descubrir secretos de nadie ni vulnerar su intimidad apoderándose de papeles".

Los hechos se remontan a enero de 2010 cuando una discrepancia en la elección de la junta directiva de la asociación de jubilados, de la que Vicente Perales era presidente, llevó a su anulación, lo que produjo la designación de un nuevo órgano directivo y la división de la entidad en dos.

Así, la asociación en la que militaba Perales fue la que se quedó con los locales cedidos por el Ayuntamiento, hasta que en un pleno municipal se acordó otorgárselos a la otra entidad, en cumplimiento de un acuerdo adoptado en 1987, donde se ratificada a la Asociación Democrática de Pensionistas y Jubilados UPD de Vallada como titular de las instalaciones.

Al día siguiente de este acuerdo una delegación municipal, encabezada por Giner, entonces alcalde de Vallada, procedió a desalojar y cambiar el local, lo que, según Perales, se hizo sin notificársele "por escrito", procedimiento que a juicio de Montero no era necesario, ya que éste estaba presente en el pleno en el que se adoptó la decisión.

El Ayuntamiento de Vallada, sostiene el auto, "estaba plenamente legitimado para tomar el acuerdo que tomó" y añade que la entrada en el local de su propiedad de los representantes municipales tenía el único objetivo de dar cumplimiento al mismo, sin que se ejerciera "violencia alguna".

"Quien estaba ocupando el inmueble eran personas que no eran la junta directiva de la asociación a quien se le había concedido el uso del mismo", incide, y sostiene que los papeles que se llevaron fueron entregados al presidente de la asociación titular del local, como responsable de "la única fundación existente en aquel momento".

De estos hechos "se desprende de modo inequívoco que los hechos que se imputan al señor Giner no son constitutivos de delito alguno", por lo que procede decretar "el sobreseimiento libre" de la causa, concluye el instructor.