Dolores Moya González, la exconcejala de Serra asesinada presuntamente por su marido, quien posteriormente acabó ahorcándose en prisión, tenía miedo del padre de sus hijos y así se lo hizo saber a sus más allegados semanas antes de ser encontrada muerta en la bañera de su casa. Según apuntaron fuentes próximas a la fallecida y como así consta en las diligencias de la Guardia Civil, Marcos Cabo había amenazado con matarla precisamente de la forma en la que más tarde llevó a cabo su presunto asesinato. «Voy a quemar la casa contigo dentro», le dijo textualmente su marido, según manifestó la víctima a un familiar un par de semanas antes de su muerte.
Esta premonitoria frase, a la que a priori Dolores no dio la importancia que merecía, fue uno de los indicios que hicieron que las pesquisas de la Guardia Civil se centraran en la posible participación del concejal de EU en el incendio de la vivienda de Serra en el que murió su esposa, ocurrido el pasado 29 de julio. A ello se sumó el acelerante encontrado en la vivienda, lo que hizo descartar por completo la causa accidental del origen del fuego, como adelantó en exclusiva Levante-EMV. Una semana después era arrestado el marido de la fallecida como presunto autor del asesinato y tras pasar apenas dos noches en el centro penitenciario de Picassent el acusado decidía quitarse la vida en su celda eludiendo así el programa de prevención de suicidios.
Las fuentes consultadas por este periódico reconocieron que pese a dicha amenaza y estar atravesando unos meses de convivencia muy complicados, derivados del carácter controlador y celoso de su marido, Dolores no quiso presentar denuncia alguna porque quería que su separación no afectara a sus hijos, dos de ellos de apenas cinco y siete años. «Le había amenazado con quitarle a sus hijos y separarlos para siempre de ella», añadieron estas mismas fuentes.
El matrimonio, como ya adelantó este periódico, había iniciado los trámites del divorcio y la víctima confiaba en que en el mes de julio su marido abandonara el domicilio familiar. «Quería recuperar su vida, su libertad», aseguran fuentes cercanas a la fallecida, quienes se mostraron indignados con la actitud del Ayuntamiento de Serra al poner al mismo nivel al asesino que a su víctima.
Fuentes jurídicas especializadas en violencia contra la mujer remarcan la importancia de denunciar este tipo de conductas machistas y amenazas para poder establecer las medidas de protección oportunas con la víctima. De hecho, en este caso en concreto, una denuncia a tiempo podría haber dificultado que su presunto asesino llevara a cabo su plan y tratara de ocultar su crimen con un supuesto incendio fortuito en la casa.
Es más, en los últimos tres crímenes machistas ocurridos en la provincia de Valencia ninguna de las víctimas (Ana Aibar, Susana Carrasquer y Dolores Moya) había denunciado a sus posteriores verdugos aunque todas ellas habían expresado sentirse acosadas o amenazadas por éstos a familiares y amigos más íntimos. De ahí que cobre cada vez más importancia la figura de estos denunciantes del entorno de la víctima que pongan en conocimiento de las autoridades casos de riesgo para evitar crímenes como el de Serra. Pese a ello este tipo de denuncias presentadas por los familiares de las agredidas apenas supone actualmente un 1,5 por ciento del total, según el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial.
