Una pareja de agentes comerciales de una tienda de telefonía móvil han sido arrestados en Valencia acusados de estafar 140.000 euros a una compañía de telefonía móvil con la adquisición y sustitución de terminales supuestamente averiados. Los presuntos estafadores utilizaban las claves de seguridad para pedir el envío del teléfono móvil, todos ellos de alta gama, y suplantaban la identidad de los clientes, para recibir gran número de terminales a coste cero que a su vez vendían posteriormente en diversos establecimientos.
La Policía Nacional ha arrestado a estas dos personas e imputado a otras dos más por un delito de estafa que asciende a más de 140.000 euros. Según fuentes policiales, éstos solicitaron hasta 400 terminales de móviles de alta gama y 208 peticiones de sustitución de teléfonos supuestamente averiados.
Las investigaciones comenzaron el pasado mes de febrero, cuando agentes de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de que una importante operadora de telefonía móvil estaba siendo víctima de una estafa, según informaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía Nacional.
Así, según estas mismas fuentes, agentes comerciales contratados por un distribuidor de la operadora podrían haber efectuado 208 solicitudes de servicios PER, consiguiendo terminales de alta gama a coste cero. El PER es un servicio de Parte de Entrega y Recogida, mediante el que la compañía ofrece a sus clientes «premium» la posibilidad de sustituir sus terminales, cuando éstos han sufrido una avería, por otros de la misma marca y modelo sin coste alguno para el usuario.
Para ello los acusados solo tenían que llamar y aportar sus claves de seguridad, que eran obtenidas de manera ilegítima tras suplantar la identidad de los verdaderos clientes.
Los policías averiguaron que se habían incrementado las solicitudes PER, observando a su vez que el envío de terminales se realizaba a una dirección diferente a la de los clientes, concretamente a direcciones ubicadas en las ciudades de Valencia y Castelló.
Fruto de las investigaciones se comprobó que se habían solicitado fraudulentamente más de 400 terminales de teléfonos de alta gama con un perjuicio superior a los 140.000 euros, y que los terminales habían sido comercializados en diversos establecimientos de telefonía móvil, donde fueron vendidos a clientes «que los compraban de buena fe».
