La fiscalía solicita provisionalmente penas que suman 76 años de prisión para ocho acusados a los que vincula con una trama corrupta que se dedicaba a favorecer la inmigración ilegal y que estaba orquestada por empleados del consulado de un país magrebí en Alicante.
Esta trama fue desarticulada por la Guardia Civil a mediados del año 2007 en el marco de la denominada «Operación Deporte», que se saldó con 25 detenciones en las provincias de Alicante, Murcia, Málaga y Valencia. Las pesquisas revelaron la existencia de un grupo de trabajadores del consulado que percibían dinero a cambio de no reconocer como nacionales de ese Estado a inmigrantes detenidos por infracción de la Ley de Extranjería. Esos trabajadores no tenían la condición de funcionarios consulares ni la consiguiente inmunidad diplomática.
