La Policía Nacional ha detenido en una gasolinera de Sagunt a dos personas como presuntos autores de los delitos de detención ilegal, trata de seres humanos y contra el derecho de los trabajadores, tras retener en su casa a un empleado durante una semana, pedirle dinero por su liberación y amenazarle.

Según han informado la Jefatura Superior de Policía, los detenidos, de 35 y 39 años, exigieron a su empleado 220 euros por su libertad, y lo intimidaron con causar daños a su familia en Rumanía.

Las investigaciones se iniciaron el sábado, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un hombre llevaba retenido en contra de su voluntad una semana por sus jefes en un domicilio de Sagunt.

La Policía estableció un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones de una gasolinera de Sagunt, donde un amigo de la víctima había concertado una cita con los captores para llevar a cabo el pago de la deuda y la liberación del retenido.

Cuando el amigo de la víctima se dirigía a una furgoneta ocupada por tres personas para realizar el pago por su liberación, los agentes detuvieron a los dos sospechosos y liberaron a la víctima, que se encontraba en el coche.

Asimismo, los policías averiguaron que la víctima había estado trabajando en Albacete durante 15 días en el mes de septiembre para los ahora detenidos, y había cobrado un total de 80 euros por esos días trabajados en los que la jornada laboral era de 13 horas diarias.

Posteriormente, fue trasladado a un domicilio de Sagunt a principios de octubre para trabajar en la recogida de la mandarina, donde vivía con los detenidos y siete trabajadores más, sin recibir ingreso alguno aún a pesar de haber firmado dos contratos.

Por ello, pidió a sus jefes dinero, y recibió hasta un total de 220 euros, la misma cantidad que se le exigía en concepto de manutención y alojamiento.

Los agentes averiguaron que la víctima trató de abandonar el domicilio el pasado 15 de octubre, y que sus empleadores no le dejaron hacerlo hasta que no saldase la deuda.

Desde ese momento, además, controlaban sus movimientos tanto en el trabajo como cuando le permitían hablar con su familia desde sus teléfonos, hasta que la víctima consiguió hablar con un amigo y comenzar una negociación para saldar la deuda y abandonar el domicilio.

Los detenidos, sin antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial, que ha dictado la prohibición de abandonar el territorio español.