Agentes del Seprona de la Guardia Civil arrestaron el pasado sábado en el Puerto de València a un hombre por un delito contra la fauna tras descubrir, nada más bajar de un ferry procedente de Argelia, que transportaba cuatro ejemplares de tortuga mora, especie protegida, debajo del asiento de su vehículo. Aunque el detenido, que viajaba con su mujer y sus cuatro hijos, alegó que los animales eran para favorecer el tratamiento médico de su hija, la tenencia de esta clase de tortugas (Testudo Graeca), catalogada como un especie vulnerable, conlleva penas de prisión.

De hecho, tras ser puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 17 de València, la fiscalía de Medio Ambiente ha solicitado para el acusado de un delito contra la fauna recogido en el artículo 334.1 del Código Penal una pena de un año y medio de cárcel, así como cuatro años de prohibición del derecho de cazar.

La detención se produjo el pasado domingo en torno a las 10.30 horas cuando esta persona, de origen argelino y con pasaporte francés, llegó al Puerto de València en un ferry acompañado de su mujer y sus cuatro hijos. La familia viajaba en un vehículo y se disponía a seguir su viaje hasta Francia cuando los agentes les dieron el alto para registrar el coche ante las sospechas de que pudiera dedicarse al comercio de especies protegidas.

Ocultos bajo uno de los asientos, debajo de una bandeja de pasteles, los agentes encontraron cuatro ejemplares semiadultos de tortuga mora. Esta especie goza de un régimen especial de protección y su tenencia y comercialización esta prohibida.

Así, el Seprona de la Guardia Civil procedió a la detención del conductor del coche, quien manifestó que simplemente se trataba de las mascotas de sus hijas y que por eso se las llevaban a Francia con ellos. Además insistió en que una de las menores está enferma y el médico les había aconsejado acerca de lo beneficioso que era para ella cuidar a este tipo de animales.

Sus argumentaciones no surtieron efecto y los agentes lo trasladaron a calabozos a la espera de ser puesto a disposición judicial por un presunto delito contra la fauna. Los investigadores reflejaron en su informe que se trataba de dos parejas, macho y hembra, semiadultos, y que sospechan que el objetivo fuera la cría en cautividad para su posterior comercialización. No obstante, aunque únicamente se tratara de la tenencia, el fiscal califica los hechos como constitutivos de un delito contra la fauna del 334.1 y solicita un año y seis meses de cárcel.