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Transparencia administrativa

Vacunas contra el ecosistema de la corrupción

Una investigación identifica la opacidad como matriz de tejemanejes y receta cambios para aumentar la transparencia de la administración

Vacunas contra el ecosistema de la corrupción

No hay ecosistema en la Tierra que escape a los virus. Hay millones, son invisibles e infectan todos tipo de organismos: animales, plantas, bacterias. Son una buena metáfora de la corrupción, que ataca y vampiriza el sistema a través de partículas infecciosas. Van disfrazadas de concejal, contratista, enchufado o funcionario que hace favores a sus conocidos para elegir colegio o saltar la lista de espera del hospital. Estos virus anidan en el corazón de lo público y disfrutan de una relación parasitaria con múltiples rostros: prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, despilfarro de fondos públicos por parte de representantes políticos, autoridades o funcionarios. Si hay un hábitat natural en el que mejor se desarrollen y multipliquen estos virus de lo público es el oscurantismo y la opacidad. Y contra esa negrura sistémica de cloaca, chanchullo y tejemaneje receta vacunas el doctor „en Derecho„ Miguel Ángel Blanes, apóstol valenciano de la diafanidad y autor de un vademécum indispensable en estos tiempos: La transparencia informativa de las administraciones públicas. El derecho de las personas a saber y la obligación de difundir información pública de forma activa (Aranzadi).

«La falta de transparencia en la gestión de los asuntos públicos constituye un caldo de cultivo propicio para la proliferación de estas reprobables conductas», resume Blanes, que acaba de convertir su tesis doctoral en un libro de 723 páginas. El autor, doctor en Derecho y asesor jurídico de la Sindicatura de Greuges, está convencido de que «una de las causas de la profunda crisis económica que venimos padeciendo desde el 2008 se encuentra en la falta de transparencia en el sector público y en el mercado financiero». Por ello, desgrana una batería de medidas de transparencia, como vacunas contra la opacidad, en distintos frentes. Como éstas.

Colocados a dedo. En materia de personal „un agujero negro desde las altas magistraturas al último puesto de la empresa municipal más pequeña„ urge acabar con las tinieblas y las sospechas. La identidad del personal eventual y sus retribuciones deben ser publicadas. La necesidad de incrementar la transparencia en el libre nombramiento e ilimitadas retribuciones de un personal para el que no se requiere de ninguna titulación o mérito „con el elevado gasto público que ello implica„, justifica «la necesidad de publicar en las páginas web de todas las entidades públicas los nombres, apellidos, currículum y retribuciones del personal eventual».

Luz en interinos y temporales. La nueva ley de Transparencia olvida publicitar los procesos de selección de personal. Las manos negras sobrevuelan las bolsas de trabajo de funcionarios interinos y temporales. Miguel Ángel Blanes insta a publicar las preguntas o casos prácticos que han sido objeto de los ejercicios de la oposición y las actas del tribunal de selección en las que se expresen los criterios de corrección y las calificaciones individuales de cada miembro.

¿Cuánto cobras, funcionario? No sólo debe difundirse las retribuciones de los altos cargos. Esta investigación recomienda una doble exigencia. Que se difunda en la web de cada entidad pública los nombres, apellidos, cargos, teléfono, correo electrónico y titulación de cada empleado. De todos. Y, además, que sea obligatorio difundir los sueldos de los empleados públicos, así como el número de liberados sindicales en los distintos departamentos y organismos públicos, identificando el sindicato al que cada uno pertenece, los costes que estas liberaciones generan para la Administración pública, y el número de horas sindicales utilizadas.

Contratistas al desnudo. Otros que deben exponerse en público son los contratistas de la Administración, tradicional nido de corruptelas. Defiende el autor que «el interés público en conocer la utilización y el destino final del dinero recaudado con los impuestos de los ciudadanos justifica una mayor exposición pública de los datos personales» de quienes tratan voluntariamente con las instituciones. Nada de voluntario; obligatorio. Dicha cláusula podría incluirse expresamente en las condiciones de licitación, acceso a la función pública y concursos. Y habría de obligar a contratistas, autoridades políticas, empleados públicos, beneficiarios de ayudas y subvenciones.

Sobrecostes a la vista. Los contratos públicos pecan de falta de información una vez se adjudican. Hay que remover cielo y tierra para conseguirla. Periodistas y oposición lo saben bien. De ahí que se proponga la publicidad activa obligatoria del detalle concreto del precio de adjudicación y coste final del contrato; las actas de las comisiones de contratación; los informes emitidos por los servicios jurídicos y por la Intervención, incluidos los de reparo; todos los contratos menores y con periodicidad mensual; las sanciones impuestas por el órgano de contratación y las facturas pendientes de pago para evitar su ocultación en el cajón.

Listas de espera visibles. La información es poder. Y el desigual acceso a ella se traduce en vencedores y vencidos. Por ello, una de las preocupaciones del letrado es la transparencia en el ámbito social de la intervención pública. En la sanidad, por ejemplo. «Los pacientes deberían tener acceso a las listas de espera „disociando los datos identificativos de las personas o a través de una clave de acceso„ para conocer en todo momento qué número ocupan en la misma y controlar su evolución». Blanes Climent pide que esa información sobre listas de espera se extienda a las operaciones urgentes y a los trasplantes de órganos. Para que sea más difícil burlar el orden si el paciente goza de buenos contactos. En la actualidad, insiste, «las listas de espera sanitarias son demasiado opacas».

Colegios y VPO, con nombres. Otras áreas sociales incumplen esta voluntad de nitidez capaz de mitigar irregularidades. Esta ambiciosa propuesta reclama la publicación en internet de la convocatoria y adjudicación de plazas en centros escolares públicos y concertados. También la concesión de «todos los beneficiarios de las becas o ayudas al estudio», y no sólo las que superen los 3.000 euros como exige la ley. Además, pide que se publique en internet no sólo la convocatoria para adjudicar viviendas de protección pública, sino también quiénes han sido los agraciados con esos pisos.

Publicidad institucional nítida. Es un cajón político usado a veces para premiar o castigar a los medios de comunicación. Y sin demasiada luz ni taquígrafos. «Debiera publicarse trimestralmente una relación de las campañas publicitarias o institucionales realizadas, los adjudicatarios de los contratos celebrados y su coste final, con independencia del importe de gasto público empleado. La transparencia es esencial para garantizar un mayor grado de independencia de los medios de comunicación, que son un factor esencial en el juego democrático», sostiene el autor.

Justicia no disuasoria. El acceso a la información pública «no debe obstaculizarse exigiendo tasas o precios excesivos», recalca. Las tasas judiciales no deberían exigirse cuando se ejercita el derecho de acceso a la información pública. Las costas procesales, agrega, no deberían ser impuestas al recurrente salvo que se aprecie temeridad o mala fe. La mala fe que anida en el hábitat de la corrupción.

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