Mientras Madrid y Barcelona impulsan, con apoyo del Ministerio de Fomento, infraestructuras estratégicas como la estación de la Sagrera y la operación Chamartín, en Valencia los proyectos tocados por el Estado están prácticamente parados. En Madrid nadie se ponen al teléfono y de la única reunión que el alcalde ha mantenido con un miembro del gobierno, en concreto, con la la ministra de Fomento, Ana Pastor, el pasado 3 de septiembre solo se obtuvo el compromiso de desbloquear la operación urbanística de los cuarteles de San Vicente.
La urbanización de los antiguos cuarteles de San Vicente, una bolsa de suelo de propiedad estatal a pocos metros del futuro Parque Central, es una de las asignaturas pendientes del Gobierno central en Valencia. La que fue vicepresidenta del Gobierno con Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, se comprometió en campaña electoral a impulsar la operación. En 2008, De la Vega encargó a la Sociedad Estatal del Suelo (Sepes) la urbanización de los antiguos terrenos militares, presupuestada en diez millones de euros y donde se construirán 1.300 viviendas. Inicialmente se firmó un porcentaje de vivienda protegida del 17% que más tarde, ya con el PSOE en el Gobierno, se incrementó hasta casi el 60%.
Ocho años después de que De la Vega anunciará la urbanización de los cuarteles, la obra sigue coleando. La recalificación de los 100.000 m2 que ocupan los cuarteles militares generará al Estado unas plusvalías cercanas a los 90 millones de euros, 36 de los cuales se reinvertirán en la construcción de VPO. Los cuarteles se incluyeron inicialmente dentro de la operación Parque Central, pero se desgajaron para agilizar la tramitación.
El Parque Central, la operación de sutura urbana más importante para Valencia junto con la conexión del Jardín del Turia con el frente marítimo, fue víctima de los recortes del Ministerio de Fomento derivados de la crisis económica. La operación, con tres décadas de antigüedad, prevé el soterramiento de las vías, la construcción de un eje pasante para todo el tráfico ferroviario que cruza de punta a punta de la ciudad y una nueva estación central, un parque de 22 hectáreas, un bulevar y 4.200 viviendas. De la operación, cuyo coste se estimó en 1.300 millones de euros en 2003, solo se ha ejecutado la estación provisional del AVE. Fomento ha planteado ahora al ayuntamiento reducir el coste a 200 millones de euros soterrando solo el tramo de vías hasta la estación provisional, que dejaría de serlo, lo que permitiría avanzar en las obras de urbanización del parque.
Situación de asfixia
Con quien el alcalde lleva semanas intentando hablar para solucionar la situación de asfixia económica del Consorcio Valencia 2007 es con el Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro. Pero ni él ni su mano derecha, el secretario de Estado de Administración Pública, Antonio Beteta, se ponen al teléfono para negociar una solución para la deuda cercana a los 500 millones de euros que entre obras, créditos y productos financieros de dudosa legalidad lastran la explotación de la marina real. Sus gestores ya han reconocido que no pueden hacer frente a la deuda. El ayuntamiento reclama al Gobierno que asuma la deuda de la Copa del América como ha hecho con otros grandes eventos.
En la fachada litoral hay otros frentes abiertos con el Gobierno, en concreto con la Autoridad Portuaria de Valencia, dependiente del Ministerio de Fomento, a cuenta de la Zona de Actuaciones Logísticas (ZALÁ) que arrasó la huerta de la Punta y que nueve años después de acabarse sigue sin uso. Una sentencia judicial a anulado el proyecto por tramitarse sin el preceptivo informe de Costas. El ayuntamiento ha pedido que se revierta una parte de la ZAL para uso ciudadano, una petición a la que el puerto se niega.
Tampoco es receptivo el puerto, con el economista Aurelio Martínez al frente desde hace apenas un mes, a liberar de los contenedores y las rotondas de tráfico portuario la desembocadura histórica del puerto, una reivindicación de los vecinos de Natzaret. Aurelio Martínez, más sensible al menos de palabra a las reivindicaciones de la ciudad, ha lanzado una alternativa para recuperar la desembocadura desviándola a la marina real. Está por ver cómo se concreta el proyecto así como las medidas de dinamización económica de Natzaret y la regeneración urbana de la frontera puerto-ciudad anunciadas por la APV.
El Estado también tiene intereses en otros puntos del frente marítimo, como el PAI del Grao, como propietario de parte del suelo. El proyecto está más que atascado por las elevadas cargas urbanísticas que contempla, entre ellas, la contribución a la construcción de la prolongación del túnel de Serrería, un kilómetro y medio de vías ferroviarias que impiden conectar la avenida de Francia y el Jardín del Turia con la fachada marítima. El coste de esta infraestructura se estimó en su día en 120 millones de euros, pero Fomento no parece considerarlo prioritario y de momento sólo lo está remodelando para hacer sitio el denominado tercer hilo, otro parche más en este caso como alternativa al Corredor Mediterráneo.
Rotonda millonaria abandonada
El Estado tampoco ha resuelto el entuerto de la megarotonda, con estanques y torre mirador „ocurrencia del ex presidente Francisco Camps„, del acceso norte (V-21) a la ciudad. La rotonda, con túnel para el tráfico, ha sido una de las obras de su tipo más caras que se recuerdan (24 millones de euros), sin embargo, todavía no ha sido certificada por el ayuntamiento que reclama al Estado que la entregue en condiciones.
Otro damnificado por los ajustes del Gobierno ha sido el Museo San Pío V, la tercera pinacoteca española y dependiente del Ministerio de Cultura. Su anterior titular, Ignacio Wert, revisó el ambicioso proyecto de ampliación del museo presupuestado en 16 millones de euros y lo redujo a la rehabilitación del edificio histórico (ocho millones de euros). Cultura tampoco responde a la petición del ayuntamiento de autorizar el derribo del muro lateral del museo para mejorar la conexión peatonal con los barrios del entorno. El Gobierno tampoco ha aceptado la oferta del ayuntamiento para impulsar la restauración de la antigua fábrica de la Ceramo y hacer allí la ampliación del Museo de la Cerámica González Martí, ubicado en el Palacio del Marqués de Dos Aguas, que hace tiempo se quedó pequeño.
