Todos los ojos apuntan a Ciegsa. La empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat SA, que el Consell de Eduardo Zaplana constituyó en diciembre de 2000 para acelerar la edificación de colegios e institutos. A la triple lupa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia que investigan la Operación Taula, la trama de presunto cobro de comisiones y financiación ilegal del PP, se ha sumado esta semana el microscopio de la UE.
Bruselas amenaza con congelar los fondos europeos de los proyectos valencianos investigados por mordidas del 3 %. Y es que gran parte de los sobrecostes de Ciegsa engulleron una línea de financiación de 650 millones de euros que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) inyectó a la Generalitat en 2008 para la construcción o reforma de 409 centros del plan Creaescola, de los cuales nunca se ejecutaron 114.
Ciegsa durante sus 12 años a pleno rendimiento, antes de que entrara en liquidación en 2013 tras asumir la Generalitat una deuda de más de 1.734 millones, ha sido una máquina de generar sobrecostes. Hasta 2012 había adjudicado obras por 1.548,7 millones pero estas acabaron costando 1.858,5 según el informe de la Intervención General de la Generalitat sobre la gestión de esta firma pública.
Este sobrecoste del 20 % —309,8 millones en cifras redondas— no se quedaría aquí según el órgano fiscalizador del Consell. A 31 de diciembre de 2014 los 610 centros escolares construidos o reformados por Ciegsa desde 2001 habían costado 2.039,8 millones, un 36,07 % más caro de los 1.492,2 millones que se habrían pagado si las obras las hubiera adjudicado directamente la Conselleria de Infraestructuras.
Si a este sobreprecio de 547,6 millones se añaden los 393,3 millones en intereses y gastos financieros que según cuantifica la Intervención asumió Ciegsa por los casi 2.600 millones en préstamos que pidió a los bancos por los impagos del Consell, los colegios acabaron costando 941 millones más.
La «falta de control manifiesta» sobre las actuaciones de Ciegsa por parte del Consell que denuncia ahora la Intervención de la Generalitat ya la detectó la Sindicatura de Comptes desde los primeros años de la empresa pública.
Los sobrecostes se muñían a través de la práctica de licitar los colegios agrupados en lotes, restringiendo la competencia, o sacándolos a concurso con sólo el proyecto básico, lo que daba más margen para hacer modificados al alza.
El engranaje también incluía hasta 2004 la admisión de ofertas que superaban el precio de licitación, algo impensable en los concursos públicos. Por contra, desde 2005 y 2007 se limitaron de las bajas económicas al 16 %, con lo que en la práctica totalidad de adjudicaciones se hacían por el 15 % menos, pues ofrecer un precio más económico penalizaba a los contratistas. También ha sido una constante el abuso en el recurso al procedimiento negociado y sin publicidad, muy cuestionado por ser casi una adjudicación a dedo.
No sólo se adjudicaba más caro, sino que la conselleria no controlaba los modificados de obra que se introducían sobre la marcha. Así, el informe de la Intervención, constata que en los casos estudiados las liquidaciones incluyen «unidades nuevas ejecutadas sin su aprobación previa, y por tanto, sin haber confirmado su motivación ni la adecuación de sus precios (...) a los del proyecto».
El desmantelamiento de todos los mecanismos de control público que alimentaba este festín de sobrecostes tendría un único fin, la generación de mordidas «desde el minuto cero» en Ciegsa. Así se lo ha dicho al juez, según fuentes próximas a la investigación, Marcos Benavent, el exgerente de Imelsa, la empresa de la Diputación de Valencia que sirvió para vehicular las comisiones del dinero de la corporación provincial que se investigan en la Operación Taula.
Esto podría explicar la guerra abierta entre zaplanistas y campsistas entre 2004 y 2005, con un incendio intencionado de centenares de documentos y un asalto a la sede de Ciegsa en la calle Pintor Sorolla que nunca fueron esclarecidos, por el control de esta «gallina de los huevos de oro».
Zaplanistas versus campsistas
Zaplana colocó al timón de Ciegsa a Javier García-Lliberós Fernaud, marido de la entonces portavoz del Consell, Alicia de Miguel. Formalmente fue gerente de la empresa pública desde su creación hasta marzo de 2006, aunque desde la llegada de Francisco Camps al Consell en junio de 2003 comienza a ser progresivamente arrinconado por la «deszaplanización» de la Conselleria de Educación lanzada por el entonces conseller Esteban González Pons.
Ya en diciembre de ese año el nuevo «hombre fuerte» de Ciegsa pasa a ser Máximo Caturla, entonces secretario autonómico de Educación. Un año después, el 22 de diciembre de 2014, fue nombrado consejero delegado de una empresa pública en la que García-Lliberós seguía como gerente pero sin firma ni funciones hasta que en 2006 pactó su salida de la misma
García-Lliberós, en un comunicado remitido a Levante-EMV en el que niega cualquier irregularidad cometida durante los tres años que estuvo al timón de Ciegsa, asegura: «a finales de 2003-comienzos de 2004, dejé de tener responsabilidades ejecutivas en dicha empresa por motivos ajenos a la gestión».
El informe de la Intervención de la Generalitat revela que, entre 2001 y 2003, Ciegsa adjudicó obras por 891,7 millones de euros, un 10,5 % por encima (84,6 millones más) del precio de licitación. A esto hay que sumar un sobrecoste de las mismas de 164,3 millones, pues la liquidación final de las actuaciones se hizo por precio un 18,4 % mayor la adjudicación.
En los cuatro años que Caturla, uno de los supuestos cabecillas de la red de mordidas en la obra pública desmantelada en la Operación Taula, controló Ciegsa se adjudicaron actuaciones por 439,8 millones que generaron una factura final de 565,8 millones, lo que eleva el sobrecoste a 126 millones (28,6 % ).
Desde finales 2004 hasta mitad de 2007, Caturla también fue el máximo responsable de las finanzas del PP en la provincia de Valencia, cargo al que fue aupado por el entonces presidente provincial Alfonso Rus en el congreso que ganó en diciembre de 2004 con el 90 % de los apoyos. Caturla cambió Ciegsa por la diputación en julio de 2007 cuando Rus lo convirtió en su vicepresidente económico y responsable de las cuentas de la corporación provincial.
El juez sitúa en la cúspide de la supuesta trama de comisiones al tándem Rus-Caturla, al reclamar a cada uno de ellos dos millones de fianza para cubrir las posibles indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil.
