La Comunitat Valenciana está lejos de haber cumplido los objetivos en materia de instalación de potencia eólica marcados cuando se esbozó el primer Plan Eólico Valenciano. Entre 2001 y 2003, cuando se empezó a desarrollar el plan, se contaba con que la autonomía aportaría al menos 2.000 megavatios al sistema español. Obsesionada por controlar el proceso de irrupción de un nuevo negocio en materia de energía, la Generalitat que entonces presidía Eduardo Zaplana, dividió el territorio valenciano en varias zonas susceptibles de acoger los molinos y montó un sistema de concesiones públicas para controlar quién y cómo plantaba los aerogeneradores. El valenciano fue un modelo más o menos pionero en el que participaron grandes grupos españoles como Acciona o Elecnor, pero en el que también obtuvieron una importante cuota empresarios valencianos respaldados Bancaja o el Banco de Valencia.
El plan resultó un éxito en muchos aspectos. En pocos años proliferaron los molinos de viento, principalmente en localidades del interior, aún salvando problemas medioambientales, y el territorio valenciano empezó a realizar una importante aportación de energía procedente de renovables al sistema. Sin embargo, las luces también ocultan sombras. De los 2.000 MW previstos inicialmente quedan todavía 1.200 sin desarrollar. Y esto es así en gran parte porque algunas de las zonas adjudicadas no han llegado nunca a ponerse en marcha. Se trata de áreas que cayeron del lado de grandes corporaciones nacionales.
En el año 2009 la Generalitat licitó una segunda tanda de concesiones eólicas. La gran vencedora fue Iberdrola Renovables, que un año antes había trasladado su sede fiscal y social a Valencia, convirtiéndose en la única cotizada con presencia en el Ibex 35 en territorio valenciano. En pleno idilio con el Consell entonces presidido por Francisco Camps, la compañía que encabeza Ignacio Sánchez Galán se hizo, en alianza con Bancaja, con tres zonas en el interior de Castelló, con una capacidad de potencia de 298 MW y una promesa de inversión de 340 millones de euros. Los cambios en la legislación de primas eólicas como consecuencia de los primeros recortes aplicados por el Gobierno del PSOE, primero, y el del PP, después, llevaron a la compañía eléctrica a suspender sus inversiones en parques de molinos de viento en España. Coincidiendo con la pérdida de su valor bursátil, Iberdrola absorbió a su filial Renovables en 2011 y liquidó de un plumazo el presunto efecto sede en Valencia. Dos años después se salía del proyecto eólico Bankia, que había heredado la participación de Bancaja y a la que Bruselas ha obligado a desprenderse de todas sus participaciones industriales.
Una situación similar se ha producido con Renomar. Esta empresa participada por Acciona y empresarios valencianos agrupados en Med Win Energy (Francisco Fenollar, Fernando Roig), obtuvo 42 megavatios en ese concurso de 2009 que no ha llegado a desarrollar. Tiene también paralizada la zona 9 de Requena-Utiel. La ausencia de crédito fresco para afrontar nuevos proyectos energéticos y las dudas sobre la rentabilidad del negocio sin el respaldo público han frenado los nuevos proyectos.
Sin embargo, no todo el mundo cree que el negocio eólico está en un callejón sin salida. Pequeños y medianos inversores locales agrupados en la patronal Avaesen, grupos españoles y alguno internacional han mostrado interés por desarrollar proyectos de generación eólica si se desbloquean licencias o concesiones. Unos de estos grupos fue en su momento la firma Sunny Spain Energy, liderada por un importador chino afincado en Valencia llamado Zhao Changrong. A juicio de estos inversores el descenso en los costes de la energía eólica puede hacer competitivas nuevas iniciativas empresariales dentro del mercado eléctrico español sin necesidad de primas. Los molinos son ahora tres veces más potentes que hace una década y las inversiones mucho más eficientes. A esto se suma que España está todavía lejos de cumplir los objetivos de reducción de emisiones de carbono para 2020. Le faltan 5.000 MV de potencia eólica para tener hechos los deberes. En la Comunitat Valenciana quedan por instalar 800 MG sin necesidad de modificar los objetivos del Plan Eólico original.
Es en este contexto donde la Conselleria de Economía se ha propuesto someter a revisión las concesiones no desarrolladas del Plan Eólico. La secretaria autonómica de Economía, María José Mira, y la directora general de Industria y Energía, Julia Company, están analizando las razones del frenazo en las zonas bloqueadas. «Desde un punto administrativo es posible que proceda el archivo de los expedientes, previa audiencia al interesado, con el fin de poder abrir la posibilidad de que otros inversores puedan implantar parques», ha explicado María José Mira.
Rescate de concesiones
Una vez analizados los expedientes se solicitarán encuentros con las empresas (Iberdrola, Acciona y Elecnor) para conocer su opinión. Si la parálisis obedece a razones de estrategia empresarial se rescatarán las zonas dentro de las opciones que permita la ley para volver a licitarlas bien como están actualmente, bien en paquetes más pequeños para permitir que los parques sean desarrollados por inversores de tamaño inferior al de grandes compañías como Iberdrola o Acciona, que ahora disfrutan de exclusividad. Se trata de una reivindicación que ya hizo la patronal local de empresarios de energía Avaesen al anterior Ejecutivo autonómico, pero no fue atendida por el conseller de Economía en ese momento, el popular Máximo Buch.
La recuperación de estos proyectos, sea con los actuales agraciados o con nuevos empresarios, afloraría inversiones nada despreciables para un territorio que todavía sufre la resaca de la recesión. Los pliegos iniciales valoraban la aportación industrial y tecnológica y la creación de empleo en las zonas en las que tienen que ubicarse los parques. Las propias empresas cifraron esas aportaciones en sus ofertas por lo que el no desarrollo de zonas supone un incumplimiento en sí mismo de las condiciones de las licitaciones.
