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Reportaje

El mapa de la economía sumergida

El Consell centra los trabajos de inspección en el calzado, la automoción y la fruta

El sector del calzado, la automoción y el citrícola concentran los esfuerzos de la unidad de Policía autonómica que persigue la economía sumergida de la Comunitat Valenciana. Así se desprende del balance elaborado por la Dirección General de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat sobre las actuaciones en el último ejercicio, y que reflejan que entre 2014 y 2015 se han detectado 122 talleres clandestinos (textil, calzado, consultas, etc.), 530 talleres ilegales del automóvil y 51 almacenes, fruterías o puntos de venta ilegales. Son las principales magnitudes de un informe que revela que 83 personas han sido detenidas en la Comunitat Valenciana por actividades vinculadas al fraude fiscal y la violación de los derechos de los trabajadores.

La economía sumergida es un problema endémico en España del que no escapa la Comunitat Valenciana. Por citar uno de los múltiples informes, uno elaborado por técnicos de Hacienda situaba la economía sumergida fiscal (sobre su PIB) en el 24,1% en Valencia, el 25,9% en Alicante y el 25,3% en Castelló. Todos en porcentajes similares a los de España (24,6%). Esos datos cifran el fraude en unos 25.000 millones de euros. Por comparar, el presupuesto de la Generalitat ronda los 17.000. Según la agencia de calificación Fitch, la cifra se elevaría al 26,5 %: 25.876 millones.

Desde los sindicatos, con todo, exigen más esfuerzos a la administración. «Hay que crear un cuerpo especial dentro de la Policía autonómica que se dedique únicamente a esto y en compañía de la Inspección de Trabajo porque así el efecto es doble», apunta el secretario general de UGT-PV, Gonzalo Pino. No es lo mismo poner en marcha un trámite legal que cuando interviene la Policía, defiende.

Las actuaciones de la Policía autonómica, de todos modos, también incluyen detenciones. Una de sus operaciones, «clau anglesa», centrada en la mecánica, refleja que de los más de tres mil talleres inspeccionados, casi el 20 % (530) resultaron ser ilegales. Quince personas fueron detenidas por delitos contra los derechos de los trabajadores, medio ambiente, etc. Se localizó 41 vehículos de transporte sin autorización.

Combatirlo como salida a la crisis

En el caso de los talleres mecánicos, los resultados no son menos contundentes. Los trabajos se han centrado en polígonos de Elx-Crevillent y la zona de Elda y Petrer. Las conclusiones señalan que de las 122 empresas clandestinas que se han desmantelado, casi la mitad, 52, pertenecen al calzado. Y muchas otras están vinculados al textil: 8 de confección de ropa; 2 de reciclaje de ropa usada; 6 de reciclaje textil y 8 de tratamiento de ropa usada, talleres de tinte y cortado de pieles, etc. Incluso doce consultas médicas y fisoterapéuticas ilegales. Hubo en total 64 detenidos, 37 de ellos vinculados también al calzado, y medio millar de personas trabajando sin contrato (de las 832 personas empleadas en estos talleres).

«El volumen de la economía sumergida podría dar soluciones a la Comunitat Valenciana, con una deuda de 40.000 millones», abunda Pino, de UGT. La administración debe ir en la línea de Alemania, que «está en un 5% o un 6% de economía sumergida», añade.

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