Una de las ideas fuerza de la campaña electoral de los comicios que hoy se celebran ha sido la recuperación del dinero saqueado de las arcas públicas en las diferentes tramas, redes y hasta cárteles (nada que envidiar a los de Medellín o Cali) que han azotado el país. Lo ha hecho Mònica Oltra con su ya célebre «que tornen els diners», pero también la vicepresidenta del Gobierno y número dos del PP por Madrid, Soraya Sáenz de Santamaría. La abogada del Estado explicó que en la pasada legislatura se han aprobado leyes para garantizar la devolución de los fondos públicos distraídos, desviados o sustraídos.
Entiendo que estas normas también incluirán la recuperación de los sustanciosos sobresueldos percibidos por la cúpula popular en los años de vino y rosas y que permitieron a Mariano Rajoy percibir un salario como líder de la oposición de 239.000 euros al año. Ya lo quisiera para sí cualquier director general de una empresa española. Para cuando digan que en la política no se gana dinero.
¿Pero acaso la recuperación del dinero robado no está garantizado en la actual legislación? Pues sí. La ley contempla los embargos a los investigados para garantizar la cobertura del dinero defraudado y es más, los jueces y fiscales persiguen el capital en el extranjero para resarcir a las arcas públicas. Otra cosa es que la lentitud de la justicia haya provocado tal desconfianza en la ciudadanía que parece que el dinero no regresa. Pero sí que lo hace, y el resto es hacer demagogia y generar falsas alarmas.
En esta tesis de devolver el dinero se ha obcecado muy acertadamente la Intervención de la Generalitat. En su caso, por la intención del actual Consell y de Feria Valencia de que sea la administración autonómica la que asuma los 1.027 millones de deuda de la institución ferial para que continúe con vida. Ya pasó con el agujero de 1.200 millones de la extinta RTVV y poca gracia les hizo a los bancos alemanes que soportan el «pufo».
Contaba Jordi Cuenca ayer que la Intervención mantiene que Feria Valencia debe devolver a la Generalitat el coste de la ampliación, pero que si el nuevo Consell pretende asumir el agujero debe legislar para que el capital que se invirtió se considere a fondo perdido. Los juzgados dirimirán la responsabilidad de los presuntos sobrecostes y tendrán que valorar quiénes son los culpables.
Llama la atención que la única solución que se plantea es la de la asunción de la deuda por parte de las arcas públicas, como casi siempre. Es cierto que con el rediseño ferial pactado hasta la fecha se pretende que, en caso de privatización, la administración cobre por su uso, bien vía canon o bien vías beneficios. Se impondrá la tesis del pago regular.
Pero gane la opción que gane, en el caso de la Feria estoy con la Intervención: «Recuperemos el dinero». Estrújense el cerebro.
