El Gobierno central y la Generalitat quieren vigilar de cerca y poner fin, en la medida de lo posible, a los abusos comerciales que se registran en las operaciones de compraventa de productos agroalimentarios. En el último año, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha realizado 3.100 investigaciones en España como consecuencia de las actuaciones de oficio y las denuncias que han llegado a este organismo Representantes de la administración central y de la autonómica han coincidido esta semana „con motivo de la jornada Europa 2020: Propuestas para una mejora del equilibrio y sostenibilidad de la cadena alimentaria, organizada por el Ministerio de Economía y Competitividad„ en la necesidad de atajar y corregir esas malas prácticas que se registran, sobre todo, en el ámbito de las frutas y hortalizas.
El director de la AICA, José Miguel Herrero, aseguraba en el citado foro de expertos que esta entidad ha propuesto casi 300 sanciones por incumplimientos de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria durante 2015. El sector de frutas y hortalizas acumula el 63 % de las sanciones (187), seguido por el lácteo con un 31% (92). Estas multas son consecuencia de los 180 expedientes abiertos (de los cuales, once corresponden a empresas de la Comunitat Valenciana) y 107 han dado lugar a propuesta de sanción. Otros 22 se encuentran en distintas fases de tramitación, según Competencia. La mayor parte de esos expedientes tienen que ver con el incumplimiento de plazos de pago (30 días desde la adquisición de las mercancías perecederas), o bien con la falta de documentación y ausencia de contratos de compraventa.
En ese sentido, el director general de Agricultura, Roger Llanes, se mostraba muy crítico con la actuación de Competencia y comentó que el eslabón más débil continúa siendo el productor. Además, recordó que seis grupos de la gran distribución controlan el comercio en Europa, lo que contrasta con las 965.000 explotaciones agrarias de España, de las que casi 120.000 están ubicadas en la Comunitat Valenciana.
Mercados mayoristas
La distribución mayorista, según el representante del Ministerio de Agricultura, es el eslabón donde se han detectado más infracciones, con un 57% de los expedientes sancionadores. La mayoría se concentran en los asentadores de frutas y hortalizas que operan en los mercas. Mientras, una quinta parte corresponde a la distribución minorista, con 47 expedientes. En concreto, 19 afectan a tiendas de descuento, 22 a supermercados, 3 a tiendas tradicionales y otros 3, a un hipermercado.
La industria alimentaria registra el 16 % de incumplimientos, con 28 expedientes (13 en el sector lácteo, 8 en frutas y hortalizas, seis en aceite de oliva, cinco en pimentón, 2 en vino, 1 en aceituna y otro en carne de pollo). Mientras tanto, el sector productor contabiliza tan solo un 1 % de los expedientes. Entre las causas más frecuentes de sanción se encuentra no respetar los plazos de pago, con un 45 % de los casos. En segundo lugar, no enviar la documentación requerida a AICA (36 %). Y, en tercero, la ausencia de contratos de compra-venta (14 %).
Inspecciones de oficio
Madrid y Andalucía son las comunidades autónomas donde se registran más incumplimientos, con un 24 % y un 22 % de los expedientes sancionadores, respectivamente. Les siguen Cataluña, con el 12%; y Galicia, con el 7%. En ese sentido, desde que comenzaron las inspecciones de oficio, en septiembre de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2015, la Agencia ha llevado a cabo 751 inspecciones realizadas a empresas o establecimientos, que se han saldado con 180 expedientes sancionadores.
Esto supone, destaca el Ministerio de Agricultura, que el 75 % cumple la ley de la cadena. Hay que tener en cuenta que en cada inspección se controlan varias operaciones de compraventa, por lo que el número de operaciones comerciales es significativamente mayor que el de establecimientos inspeccionados. Por sectores, se han inspeccionado 353 empresas de frutas y hortalizas, 2.014 de aceite de oliva envasado, 158 de leche y 36, de carne de pollo. Incluso se han detectado operaciones de blanqueo de dinero, que han sido denunciadas, aseguró en el responsable de la AICA.
Controles en la Comunitat Valenciana
En su intervención, el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, propuso una autorregulación del sector agroalimentario a través del cumplimiento de códigos éticos y de conducta aceptados por todos, especialmente por las empresas de distribución. En su opinión, es necesario conseguir «un reparto más equilibrado del valor que se genera en la cadena alimentaria, evitar prácticas abusivas y garantizar la sostenibilidad de nuestros pequeños productores». El dirigente del Consell también anunció la inminente creación de la Mesa de la Cadena Agroalimentaria „donde participan la dirección general de Comercio, la de Agricultura y la de Transparencia„ para trabajar en las buenas prácticas y la responsabilidad social corporativa. En la Comunitat Valenciana, la AICA ha investigado 290 operaciones que han afectado a 86 empresas (de las cuales 33 son de frutas y hortalizas). Ha abierto 11 expedientes, que han derivado en seis sanciones. Habrá que ver en qué quedan y si se abren más.
