Sus siglas han cobrado fama casi de un día para otro. Es el TTIP, es decir, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea, en el centro de la polémica después de que Greenpeace hiciera públicos algunos documentos que han desvelado las intenciones de los negociadores en ciertos aspectos. La polvareda ha sido fenomenal. Desde el Viejo Continente se han alzado voces contra las pretensiones estadounidenses, que tendrían como objetivo poner en riesgo estándares de calidad y seguridad relevantes para la producción agrícola, la alimentación y la salud de los ecosistemas. ¿Qué hay de cierto en todo ello? ¿Qué ventajas o perjuicios comportaría ese acuerdo? ¿Cómo afectará a la economía valenciana?
El profesor de Análisis Económico de la Universitat de València, Vicente Pallardó, firme partidario del tratado, asegura, más bien resignado, que en el debate sobre el TTIP ha habido una «batalla de lobbys y el de los contrarios al acuerdo ha ganado al imponer la tesis de que va en contra de los intereses europeos, aunque es una falacia». Pallardó asegura que el pacto, si es que se consuma —una opción que ve casi imposible si no se produce durante la presidencia de Barack Obama, que ya llega a su fin, dado el prefil de sus posibles sucesores: Donald Trump y Hillary Clinton—, tendrá un impacto económico beneficioso para ambas partes por el incremento del comercio, cifrado en cientos de miles de empleos y en medio punto del PIB. El director del departamento de estudios de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Ricardo Miralles, comparte el augurio: «Para España y para la Comunitat Valenciana, la importancia queda patente si tenemos en cuenta que los EE UU son nuestro socio comercial más importante fuera de la Unión Europea. Gracias al desarme arancelario y la reducción de las barreras no arancelarias (regulatorias), sobre todo las pymes verán cómo se reducirán los costes y se simplificarán las relaciones comerciales entre ambos bloques».
Pallardó añade que este impacto macroeconómico en realidad es «marginal para ambas potencias», porque «la verdadera ganancia es que fija estándares para acceder a esos mercados en igualdad de condiciones, que afectarán directamente a terceros países como China, en cuestiones como la defensa de la propiedad intelectual, el dumping [vender por debajo de coste] o la apropiación de tecnología». Miralles coincide: «La convergencia regulatoria no sólo beneficiará a ambos bloques que, en su conjunto suponen casi la mitad del PIB mundial y un tercio del comercio, sino que marcará un referente para el comercio con el Pacífico, principalmente China. Y esto, a su vez, puede y debe ser muy beneficioso para la estandarización de la normativa comercial a nivel mundial».
El directivo de la patronal añade que, «en paralelo, las mejores condiciones de acceso al mercado de los servicios y a los mercados de la contratación pública permitirán a empresas y autónomos ampliar sus mercados de forma automática. Con respecto a los profesionales autónomos, se está negociando la homologación de titulaciones como de arquitectos, ingenieros, etc., que les facilitará el salto al otro lado del Atlántico».
Ricardo Miralles asegura que existen reticencias en torno a la pérdida de nuestros sistemas de protección social y laboral, así como sobre los estándares en alimentación y sanidad. Con respecto a los primeros, «debemos de saber que la Unión Europea no tiene competencias a nivel social ni laboral —la competencia es nacional—; por tanto nada se está negociando sobre esta materia. En cuanto a los estándares en alimentación y sanidad, está claro que mantenemos normativas distintas y en el proceso de negociación deberemos alcanzar acuerdos que satisfagan a ambas partes. Ningún bloque va a poner en peligro la salud de sus habitantes».
Vicente Pallardó considera una «falacia» que el TTIP vaya a cambiar la legislación laboral europea. El argumento es idéntico al de Miralles, con el añadido de recordar que las multinacionales estadounidenses en la UE se rigen sin problemas por la ley europea. También apunta que la utilización del fracking o el sistema financiero, argüido por los contrarios al tratado, no forman parte de la negociaciones, a diferencia de una petición europea que beneficiaría a muchas empresas españolas de infraestructuras: la supresión de la cláusula por la que el 90 % de una contratación pública en Estados Unidos debe corresponde a empresas americanas. Respecto a los transgénicos que EE UU petende que se autoricen en Europa —«el tratado no interesa al lobby agropecuario centroeuropeo por ese motivo», asegura— Pallardó afirma que «no está probado que sean perjudiciales para la salud pero el consumidor está en su derecho de no consumirlos». La cuestión está en que «se identifiquen claramente en los productos que son transgénicos y eso es algo que algunos grupos en Estados Unidos no quieren».
Los transgénicos, según este experto, permitirían la entrada de los cítricos en EE UU. Esta sería una de las incidencias específicas del tratato sobre los sectores económicos de la Comunitat Valenciana.
Los automóviles de Ford Almussafes son la principal partida en las exportaciones de la Comunitat Valenciana hacia Estados Unidos. En 2015 representaron un valor de 750 millones de euros, lo que supone un tercio del total de las ventas (2.119 millones). La factoría de Almussafes colocó allí 55.000 unidades de los modelos Transit Connect y Tourneo. Este modelo es utilizado por los taxistas que circulan por Nueva York. La multinacional que preside José Manuel Machado en España exporta más del 90 % de su producción y EE UU es uno de sus principales mercados en alza.
Las últimas revelaciones sobre las negociaciones que mantienen los Ejecutivos de la Unión Europea (UE) y de Estados Unidos sobre el Acuerdo de Libre Comercio y de Inversiones alertan de lleno a los fabricantes de automóviles y a los sectores agroalimentarios de España, y de la Comunitat Valenciana en particular. Según constata un documento de 248 páginas al que ha tenido acceso Greenpeace, el Gobierno de Estados Unidos ha amenazado con bloquear la reducción de los controles de entrada a su país de los vehículos europeos para forzar a la UE a aumentar la compra de productos agrícolas estadounidenses, sobre todo transgénicos.
Los contratistas de obra pública, ingenierías y firmas vinculadas con la construcción de infraestructuras de la Comunitat Valenciana también se pueden beneficiar del futuro acuerdo. Con todo, es necesario acabar con la cláusula Buy American, que prioriza a los proveedores locales y evita por tanto que se contraten a empresas foráneas. Además, la cooperación reguladora afecta a empresas de sectores industriales claves como las de químicas, cosméticas, ingenierías, dispositivos médicos, pesticidas, tecnologías de la información y la comunicación, farmacéuticas y las textiles y de la confección.
En medio de la negociación de dicho pacto comercial, las organizaciones agrarias valencianas exigen reciprocidad y seguridad alimentaria para poder avanzar en la negociación del acuerdo de libre comercio de la Unión Europea. En ese sentido, el sector citrícola —el que aglutina las principales ventas exteriores en el negocio hortofrutícola— confía en incrementar las exportaciones de mandarinas a EE UU, y que se eliminen las trabas fitosanitarias. En esas, el sector agroalimentario de Estados Unidos está haciendo su particular «agosto» en la Comunitat Valenciana en la primera parte de 2016. El tirón del negocio agroalimentario estadounidense en la Comunitat Valenciana tiene que ver con el espectacular crecimiento de sus ventas de frutos secos como las almendras, cuyos envíos han mejorado un 93 % tras alcanzar los 158,6 millones, según constatan los datos facilitados por la Cámara de Comercio de Valencia.
La cerámica es el tercer producto que más exporta la Comunitat a EEUU (10,1% en abril) y sus empresarios también esperan beneficios de la alianza comercial con la gran potencia. El obstáculo de los productos cerámicos valencianos son los aranceles. Desde la patronal cerámica Ascer se confía en que el TTIP relance sus ventas en un mercado con tantas posibilidades de negocio. También el calzado, que lidera las exportaciones alicantinas hacia el país norteamericano, se muestra optimista. ahora tiene unos aranceles que encarecen como mucho un 10 % el coste. La traba principal son las dispares reglas de origen.
