Se quejaban amargamente y con razón los empresarios cuando denunciaban la falta de asunción de responsabilidades políticas de muchos representantes públicos que se aferraban al sillón pese a verse envueltos en graves polémicas, grandes errores de gestión o, incluso, en escándalos de corrupción.
Esta semana, dos altos cargos del Gobierno valenciano, la número dos de Sanidad, Dolores Salas, y la tres de Economía, Mónica Cucarella, han dejado sus puestos tras verse envueltas en sendos escándalos políticos. La primera por un posible caso de nepotismo y la segunda por una incompatibilidad y por ocultar que era apoderada de una gasolinera. Salas dimitió y a Cucarella hubo que destituirla.
El Consell ha pasado con nota los dos primeros baches por problemas éticos, que no vinculados a la corrupción. Ha actuado con bastante rapidez y objetividad. Estos dos ejemplos servirán para sentar precedentes, pero sobre todo para que los políticos que ahora gestionan las administraciones no bajen la guardia en cuanto a temas de transparencia y buen gobierno se refiere. Se han vivido demasiados años de abuso y no se deberían volver a repetir algunos nefastos episodios.
La máxima de dimitir si te cazan plagiando una tesis doctoral, como les pasa a nuestros admirados y a la vez criticados alemanes, se debe aplicar a todos los representantes públicos que, además de honrados, deben luchar por ser un buen ejemplo. En la credibilidad de la Democracia va esta penitencia.
Pero si es importante que los representantes políticos asuman sus responsabilidades, también lo es que los agentes sociales sean ejemplares, honestos y consecuentes con todo aquello en lo que predican. Y eso no está pasando en la Confederación de Empresarios de Castelló (CEC), que puede arrastrar al fango a la autonómica Cierval.
La patronal castellonense está al borde del concurso por una más que deficiente gestión y con una megacausa judicial abierta contra su secretaria general, Rafael Montero. Su presidente, José Roca, que no ha sido salpicado por las pesquisas judiciales, sí que debería purgar por la situación económica de la CEC. No estaría de más que asumiera también las responsabilidades de su trabajo al frente de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana.
La entidad a la que se aferran Roca y Montero continuará recibiendo dinero público de cursos de formación y parte de los 2,5 millones de la Ley de Participación Institucional con que la Generalitat financia a la patronal. Y si manejan recursos públicos, la honestidad en la gestión debe ser incuestionable. Y eso en la actualidad no pasa. Y no es excusa que nadie quiera coger las riendas de la CEC. En la credibilidad de los empresarios valencianos también va esta penitencia.
