El uso ya habitual por parte del Gobierno del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la abultada tasa de paro que no hay forma de situar en niveles decentes, lo que implica menos cotizantes, la precariedad laboral y salarial, que conllevan cotizaciones más reducidas, la baja natalidad y la creciente esperanza de vida, que alarga el tiempo en que los jubilados cobran del Estado, han puesto de nuevo en el debate público la sostenibilidad del sistema de pensiones. Mejor dicho, su viabilidad. Crecen las voces que exigen una reforma. En realidad, otra. Parece la reforma permanente, sobre todo si tenemos en cuenta que ya hace apenas un lustro se aprobó una que elevó de 65 a 67 años la edad de jubilación, entre otras medidas. Muchos otean un panorama desolador de españoles envejecidos con recursos menguantes, incapaces de tener una vida con un mínimo de dignidad, y vuelve con intensidad la apelación al ahorro privado para compensar las presumibles menores aportaciones públicas. Los expertos calculan que, al paso actual, la denominada hucha de las pensiones se quedará a cero a finales del año que viene. La OCDE, por su parte, augura que el porcentaje de su salario que cobrará un jubilado nacido en los años noventa del siglo pasado será del 49,7 %, frente al 73,6 % de quienes llegaron a este mundo en la década de los cincuenta. ¿Qué futuro aguarda a los nuevos pensionistas? ¿Qué hacer para garantizar una vida digna a estas personas?
En primer lugar, como afirma el presidente de la patronal autonómica Cierval, José Vicente González, «hay que decir que los pensionistas actuales no tienen que temer por sus pensiones en los próximos años, ya que están cubiertas por las cotizaciones de la población con trabajo y por la hucha de las pensiones». Ahora bien, a medio y largo plazo «la situación es preocupante por diversos motivos:
a) El alto nivel de desempleo. Necesitamos para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social 20 millones de personas trabajando y solo tenemos 17,7. Es necesario seguir creando empleo a un ritmo muy vivo.
b) Las personas que se jubilan ahora cotizaban por unos salarios superiores a las nuevas incorporaciones. Además, debido a las últimas bonificaciones a la contratación, el aumento del empleo no produce un incremento similar en las cotizaciones.
c) La hucha de las pensiones se va desinflando. En 2007 ascendía a 67.000 millones de euros. En julio de 2016 quedan 25.000».
Las soluciones a esta situación «hay que abordarlas en el seno del Pacto de Toledo, que para eso está». Habrá que «buscar una combinación de varias medidas tales como: aportación con cargo a los presupuestos del Estado de unas cantidades anuales, modificaciones fiscales para incentivar los planes de pensiones individuales, campañas de concienciación para que los más jóvenes empiecen ya a hacer aportaciones a un plan de pensiones, etc. González añade, por último, que «no hay que olvidar que nuestra tasa de natalidad es una de las más bajas de Europa lo que está produciendo un envejecimiento progresivo de la población. Este es otro asunto de capital importancia que debería ser objeto de reflexión».
El secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, considera que «es verdad que el sistema actual no se puede sostener» y que, «si solo contribuimos con cotizaciones, vamos al desastre, porque no hay suficiente número de cotizantes ni volumen de cotizaciones para sostener las pensiones actuales». En su opinión, «España es un país más rico que hace 30 años, motivo por el cual no puede ser verdad que no se puedan garantizar las pensiones». El dirigente sindical, que no ve como una solución los planes de pensiones privados „confiesa que el suyo personal ahora está en pérdidas„ por el negocio de los intermediarios que hay detrás y la imagen de insolidaridad que implican porque solo lo disfrutan «quienes tienen más», considera que «es un problema de prioridades del gasto y lo deben decidir los españoles», porque «se pueden buscar otras vías, como la de los impuestos, que ya se aplica en Francia».
El doctor en Economía por la Universitat de València Enrique Devesa, quien ha formado parte del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones, también apunta la opción de la fiscalidad. Preguntado si los impuestos es una vía para mejorar el sistema, responde que él dividiría esta cuestión en dos partes: «Si estamos hablando de pensiones contributivas (hay una relación entre las aportaciones efectuadas al sistema y las prestaciones recibidas), yo creo que deberían financiarse con las cotizaciones. Sin embargo, la parte no contributiva (como complemento a mínimos u otras prestaciones que se pudieran incluir en este apartado) se debería financiar totalmente con impuestos porque su razón de ser y su finalidad es muy distinta de la que corresponde a la parte contributiva. Tal vez, en este caso, el problema es decidir qué parte de las pensiones es contributiva y cual no».
Revalorización
Devesa, añade que «se está valorando que las prestaciones de viudedad y orfandad pasen a pagarse con impuestos. A mi modo de ver, esto no es una buena solución, sino que tendría que reformarse la viudedad y orfandad y, quizá, sí tendría sentido que algunas especificidades de este tipo de pensiones se financiaran con impuestos; por ejemplo, la mejora en la prestación de viudedad que se entrega a aquellos que cumplen determinadas condiciones».
Otra alternativa «que estamos manejando es que se pague con cotizaciones el valor del IRP teórico, mientras que la diferencia hasta la revalorización de las pensiones que se acuerde por parte de los ciudadanos (por ejemplo, que las pensiones no pierdan poder adquisitivo) se podrían financiar con impuestos».
La secretaria de Políticas Sociales de CC OO-PV, Eva Hernández, coincide en que «la situación es preocupante si no le ponemos remedio», especialmente porque en las próximas dos décadas llegará a la edad legal de jubilación la generación del babyboom de los años sesenta del pasado siglo y «debemos generar fondos para sostener sus pensiones». La dirigente de Comisiones Obreras expresa la oposición de esta central a la rebaja de las cotizaciones, tal como «quiere la patronal y ha dejado entrever Mariano Rajoy durante la campaña electoral». El motivo no es otro que las cotizaciones han descendido de los 32,10 euros mensuales por trabajador de 1982 a los 28,30 de 2016. ¿Cuáles son las alternativas de este sindicato para aumentar los ingresos de la SS? Por un lado, crear empleo de calidad con salarios más altos y recuperar en la medida de lo posible a los parados de larga duración, cuyos subsidios financia el sistema. Por el otro, incidir sobre los ingresos estructurales: introducir la progresividad en el sistema mediante la elevación del tope de 2.500 euros a partir del cual todo el mundo paga lo mismo; que los autónomos abonen por sus ingresos reales y que las pensiones no contributivas, como la de viudedad u orfandad, se abonen mediante impuestos». Hernández asegura que esta última posibilidad ya está contemplada en el Pacto de Toledo. La dirigente de CC OO, como Sáez, González y Devesa, aboga por que los políticos se pongan manos a la obra de forma urgente y pergeñen la enésima reforma del sistema. El problema es que nadie sabe dónde tienen los representantes públicos la cabeza con tantas elecciones.
