El documento de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia sobre la distribución de gasolina y gasóleos en España toma partida contra algunas restricciones que tienen las cooperativas agroalimentarias en la distribución minorista de carburantes, que, actualmente, «se encuentra restringida injustificadamente con un límite del 50 % del volumen de operaciones con terceros no socios. Este límite carece de justificación económica y su eliminación es compatible con la preservación del objeto de la cooperativa y la regulación económica eficiente». El presidente de la Confederación Española de Estaciones de Servicio, Javier Bru, considera muy dudoso que ese porcentaje se cumpla realmente: «La venta en cooperativas no se la cree nadie; es casi universal. Basta con que te den un carnet de socio para que puedas repostar» sin ser realmente un miembro de la cooperativa».
El dirigente empresarial considera una «barbaridad» las conclusiones de Competencia sobre este subsector y reclamó que a este tipo de entidades «se les exijan los mismos requisitos de establecimiento que al resto de estaciones de servicio y que, en el caso de los carburantes, tengan una explotación independiente de la cooperativa».
¿Por qué?, pues, según Javier Bru, porque estas firmas tienen «un régimen fiscal diferente que les permite repercutir al resto del balance las posibles pérdidas por ofrecer unos precios de los carburantes por debajo de los de mercado». Es decir, además de porque este producto lo ofrecen en autoservicio, lo que reduce sus gastos generales al evitarse los de personal, pueden vender una gasolina más barata porque unas eventuales pérdidas las pueden compensar con otras de las líneas de negocio que ofrece la cooperativa.
j. c./j. l. z. valencia
