El sector de las estaciones de servicio, es decir, las gasolineras trata estos días de sofocar el incendio generado por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) al abogar en un informe por una mayor liberalización de esta actividad. Se trata, fundamentalmente, de suprimir las trabas que paulatinamente han ido introduciendo las autonomías, entre ellas la Comunitat Valenciana, contra las llamadas gasolineras fantasma, o sea, aquellas en las que el suministro se realiza en régimen de autoservicio porque no tienen trabajadores.
La Comunitat Valenciana es una de la decena de autonomías que ha introducido medidas restrictivas en este mercado en función de sus competencias. Lo ha hecho este año y, a resultas de ello, todas las estaciones de servicio deben tener al menos un empleado entre las seis de la mañana y la diez de la noche. En poblaciones de menos de mil habitantes, debe haber una persona de ocho a seis de la tarde de lunes a viernes. El resto del tiempo puede funcionar desatendida siempre que no haya otra estación en un radio de diez kilómetros.
El propósito de Competencia no es otro que favorecer una bajada de precios. Como asegura el presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEES), Javier Bru, los costes de personal suponen entre el 60 y el 70 % de los gastos de explotación de estos establecimientos. Así que universalizar esta fórmula podría, a priori, reducir el coste para el consumidor. De hecho, Bru apunta que las estaciones que no tienen trabajador están aplicando rebajas de hasta 15 céntimos. Si bien Bru considera que estamos ante un espejismo y pone como muestra el caso de Italia, que es el país que tiene de Europa con más gasolineras desatendidas: «En la actualidad es donde se cobra el carburante más caro de la UE». ¿Por qué? Pues porque «arrancan con una política más agresiva de precios que al final se va equilibrando», de tal forma que a la postre el que obtiene todas las ventajas del cambio de modelo «es el empresario individual o el operador mayorista». Atención, lo dice el hombre de la patronal.
Situación del empleo
Sin embargo, uno de los principales perjuicios que ocasionaría la extensión de las gasolineras automatizadas procede del empleo. El responsable de Estaciones de Servicio en CC OO-PV, Valero Riquelme, asegura que, por el momento, ya se han destruido en España unos 3.000 puestos de trabajo. Bru, por su parte, añade que el sector cuenta en la actualidad con unos 100.000 trabajadores, de los cuales 70.000 son director y el resto, indirectos, es decir, personal que se contrata temporalmente por sustituciones o para cubrir plazas en vacaciones. El dirigente patronal estima que, si se suprimen las restricciones, se podría perder la mitad el empleo. En su opinión, en las zonas urbanas se mantendrían las gasolineras con trabajadores, pero en los polígonos industriales y en las zonas rurales con baja densidad de población «quitarían a todos los trabajadores».
Así las cosas y, tal vez sin que sirva de precedente, el informe de Competencia ha puesto de acuerdo en su rechazo y en las causas para oponerse al mismo a dos colectivos que suelen tener opiniones contrapuestas de forma habitual. Son, claro, la patronal y los sindicatos.
Tanto Bru como Riquelme como el secretario general de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT-PV, Ramón Morales, coinciden en denunciar el daño para el empleo de la medida propuesta por Competencia, que el dirigente patronal considera lamentable, porque es «como decir que me importa un pimiento los empleos» al defender por encima del trabajo la reducción de precios. En su opinión, el problema de fondo, sin embargo, radica en la distribución mayorista, porque «hay una clara connivencia de precios: son pocos los distribuidores y los líderes del mercado marcan una línea de precios que luego siguen los demás». Ahí es donde Bru cree que debe actuar Competencia.
Riesgos para el usuario
Además del daño al empleo, la CEES, UGT y CC OO coinciden en otros dos grandes perjuicios. Por un lado, en los riesgos para el usuario y la propia sociedad de tener gasolineras sin ningún empleado que las vigile. Como dice Morales, «hablamos de empresas que venden combustible; es un producto incendiario y un error en la manipulación puede provocar un problema de seguridad como una explosión. El mismo cliente se puede equivocar se surtidor y cargarse su coche. Además es imprescindible que haya alguien en el momento en que se recargan los tanques». Riquelme y Bru añaden otro factor, como es la «discriminación» hacia los discapacitados o personas con escasa movilidad, que no podrán llenar el depósito de sus vehículos si no hay nadie que los atienda.
«Contrario al principio de legalidad»
Algunos patronos, debido a la inviabilidad de su cuenta de resultados, han decidido cambiar el modelo de gestión si bien esto no siempre es posible. Y es que la reducción de costes que representa la puesta en marcha de este tipo de gasolineras contrasta con los que tienen que asumir los empresarios de las estaciones de servicio tradicionales, ya que solo los gastos de personal disparan los costes de explotación. La grandes empresas del sector de la distribución de carburantes, agrupadas en la patronal Aesae, cuentan con una amplia red comercial. De esta asociación forman parte firmas como Ballenoil, Petroprix, GasExpress, Settran, Nafte, Petrocar y AutoNet & Oil, entre otras.
Trabas en las autonomías
Según el informe de Competencia, se han impuesto o se tramitan prohibiciones en Madrid, Navarra, Asturias, Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia y la Comunitat Valenciana. En algunos casos exigen directamente que haya alguien todo el día y toda la noche (si se mantiene abierta) que atienda a los clientes.
Según el presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae), Manuel Jiménez, las trabas que algunas administraciones imponen a las gasolineras automatizadas son «contrarias al principio de legalidad». Además, «invaden competencias respecto a las competencias del Estado fijadas por la Constitución» . Incluso «violan los principios de mercado único, libertad de establecimiento y libre prestación de servicios que tienen su soporte en el Derecho de la UE», asegura Aesae en su recurso contra la resolución de la Generalitat. Esta asociación empresarial recuerda que el organismo adscrito al Ministerio de Economía defiende el modelo de «low cost» al considerar que su implantación aumentará la competencia efectiva en el mercado y presiona a la baja los precios de los carburantes, aumentando con ello el bienestar de los consumidores finales. En total, la gasolineras desatendidas en España podrían ser como máximo entre el 3% y el 5% de todas las gasolineras españolas. «Un porcentaje mucho menor que el de otros socios europeos», apunta la CNMC, que explica que en Dinamarca son automáticas el 65,9% de las estaciones de servicio. En Bélgica, el 18,6%. Y en Francia, el 8,8%.
Por su parte, la Generalitat argumenta que aprobó la Ley 10/2015, entre otros motivos, con la finalidad de «garantizar los derechos de los consumidores y usuarios», de los colectivos de especial atención (como los discapacitados). Con todo, la patronal Aesae ha decidido recurrir la resolución de la Conselleria de Economía Sostenible sobre las gasolineras «low cost» . Aseguran que la norma de la conselleria de Climent contradice las normas europeas.
