Llevamos tiempo avisando que íbamos a pagar cara la sequía política de estos últimos meses de gobierno en funciones. Es más, advertimos los empresarios que no estábamos dispuestos a asumir vía impuestos las consecuencias de esa falta de compromiso con el bienestar social y con un crecimiento sostenible experimentado por buenas parte de las actividades económicas desarrolladas en estos ejercicios precedentes.
Y, efectivamente, nuestros peores pronósticos se han cumplido. El nuevo Gobierno ha iniciado su andadura tomando el camino más corto y fácil para reponer las más que exhaustas arcas del Estado. Así que, sin más miramientos y sin medir las consecuencias, ha decidido anular los aplazamientos fiscales y fraccionamientos del Impuesto sobre el Valor Añadido ( IVA) y del Impuesto de Sociedades a miles de pymes y autónomos. Un atajo lleno de obstáculos para la creación de empleo, que lastrará aún más la competitividad del tejido productivo y repercutirá en su liquidez.
Lo más alarmante es que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria del señor Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presuma de habernos ayudado estos últimos cuatro años con unas facilidades que, para muchas compañías, han sido nuestro salvavidas durante la larga travesía de la crisis económica. Una justificación que le sirve para, sin atender a razones, volver a asfixiarnos para ajustar sus ingresos y hacer caja en esta administración central.
¿Acaso no recuerda quién sustenta este país? ¿Se olvida de que mientras el Congreso ha estado enzarzado en guerras de guerrillas, nosotros, las empresas hemos soportado el peso de tanta desidia? ¿O quizás desconoce otras vías para no penalizarnos tanto a los empresarios, sobre todo a las pequeñas y medianas compañías?
Si se lanzan los balones a la misma portería siempre gana el mismo. Y en este partido todos los goles nos los está metiendo la Administración. En vez de premiar el papel indiscutible de pymes y autónomos como dinamizadores de la economía prima, una vez más, el afán recaudatorio y escasean las medidas de austeridad.
Las empresas de menor dimensión necesitan un respiro y dosis de respeto hacia su labor. Las cifras económicas y los período de recesión hablan por sí solas. Representan el 99,9% del tejido productivo y emplean al 80% de la población activa. Es decir, hay más de 3.100.000 pequeñas o medianas empresas con menos de 250 trabajadores y un volumen de negocio anual que no rebasa los 50 millones de euros.
Por su parte, casi la mitad, un 42%, son microempresas que emplean entre uno y nueve trabajadores. en sus centros de producción o de servicios.
Desde la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana nos oponemos a que, para cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria, el ajuste provenga únicamente vía incremento de ingresos. Hay otros caminos como controlar y reducir el gasto público porque sigue habiendo margen para ello. Y si Montoro no sabe cómo hacerlo, que tome nota.
Asignatura eficiente
El ahorro debe provenir de una asignación eficiente de los recursos públicos; de un análisis en profundidad de las competencias sobre el gasto de cada nivel de la administración para evitar duplicidades; de una mayor provisión de servicios públicos por parte del sector privado; y de la reducción de organismos, agencias y empresas públicas cuyos servicios no obedecen ni a criterios de necesidad ni de mejora de la eficiencia.
Aunque el Ministro de Hacienda ha tenido a bien escuchar las súplicas de autónomos y pymes y posiblemente les permitirá aplazar en 2017, sólo durante un año, el pago del IVA hasta 30.000 euros, no dejan de ser medidas de parcheo. Por eso, insistimos en que, antes de tirar la piedra, mida el negativo impacto que este tipo de ajustes fiscales tienen sobre la actividad empresarial, porque no se puede disparar y luego pedir perdón.
