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Opinión

Los ricos, en el punto de mira de Hacienda

Como cada año, la Agencia Tributaria, en su lucha contra el fraude fiscal, ha hecho públicas las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para el año 2017

Como cada año, la Agencia Tributaria, en su lucha contra el fraude fiscal, ha hecho públicas las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para el año 2017. A pesar del carácter reservado del mencionado Plan, la Ley General Tributaria no impide que se hagan públicos los criterios generales que lo informan.

Las directrices fijadas para el año 2017 constituyen un mecanismo de refuerzo y consolidación de las actuaciones desarrolladas ya en años anteriores por la Agencia Tributaria, incorporando a la vez nuevas líneas de actuación de prevención y control del fraude, en línea con el contexto económico-social y normativo en el que la Agencia Tributaria desarrolla su actividad habitual.

Entre las principales líneas de actuación para este año 2017, destaca el control de las grandes fortunas, la lucha contra la economía sumergida „especialmente en el sector del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)„, la elusión fiscal de multinacionales, el fraude en la economía digital y el control del fraude en fase recordatoria.

Nuevas tecnologías

Efectivamente, la Agencia Tributaria, adentrándose en las nuevas tecnologías, pretende intensificar el control de los grandes patrimonios, creando nuevas herramientas informáticas ad hoc que permitan analizar, con un mayor aprovechamiento, el gran volumen de información que recibe, no sólo de los modelos de captación de datos de los contribuyentes, estos son, el modelo 720 (Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero) y el modelo 750 (Declaración Tributaria Especial), sino también, de los cada vez más numerosos países que se han sumado al compromiso de intercambio de información.

Por otro lado, con el fin de frenar la economía sumergida, la Agencia Tributaria intensificará las operaciones de entrada y registro en sectores en los que se aprecien mayores niveles de riesgo de incumplimiento en el IVA, con especial atención a las actividades económicas realizadas con consumidores finales. Dicho esto, no olvidemos que dichas actuaciones de personación, muchas veces llevadas a cabo en domicilios constitucionalmente protegidos, deben respetar determinados límites legales a fin de no suponer una intromisión en nuestros derechos fundamentales, tal y como han declarado los Tribunales de Justicia en numerosas ocasiones.

Nuevos modelos de negocio

Asimismo, la Agencia Tributaria no se olvida de hacer frente a los nuevos modelos de negocio que operan nacional e internacionalmente a través del comercio digital, fijando líneas de actuación encomendadas a controlar la correcta tributación de estas actividades en nuestro país.

En el área de recaudación, se potenciará la adopción de derivaciones de responsabilidad, la adopción de medidas cautelares y el control de deudas afectadas por un proceso concursal. Si es cierto que en los últimos años hemos notado un incremento de las derivaciones de responsabilidad a los administradores de las entidades mercantiles por las deudas de las mismas, así como de las derivaciones de responsabilidad por sucesión empresarial y por la colaboración en la ocultación de bienes y derechos para impedir el cobro de la deuda de la Administración. Ahora bien, también hemos podido observar cómo, en numerosas ocasiones, las mencionadas derivaciones de responsabilidad han sido anuladas por las resoluciones de nuestros Tribunales por su inadecuación a Derecho, en las que, a nuestro juicio, primaba más la voluntad recaudatoria.

Finalmente, en lo que respecta a la colaboración entre las diferentes administraciones, la Agencia Tributaria, con el fin de incrementar la eficacia de la gestión tributaria, mejorar la asistencia a los contribuyentes y potenciar la lucha contra el fraude fiscal, incrementará los intercambios de información entre las Administraciones del Estado y de las comunidades autónomas.

En conclusión, la Agencia Tributaria da un paso más en su lucha contra el fraude fiscal, incrementando los sectores y niveles de control, actuaciones que en todo caso deberán llevarse a cabo dentro del marco legal vigente y que podrán ser fiscalizadas, para ello, por los órganos revisores.

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