Holanda, a través del Puerto de Rotterdam, es la principal puerta de entrada a Europa de las importaciones hortofrutícolas procedentes de terceros países. En 2016 los Países Bajos canalizaron a través de este enclave más de un millón de toneladas de frutas y hortalizas y de ellas, medio millón eran originarias de Sudáfrica. La mayor parte de este inmenso caudal de tráfico portuario fueron cítricos y nuevamente en esta parcela aparece el país sudafricano como su principal proveedor (con 334.000 toneladas remitidas el año pasado). Y con la globalización del comercio también se produce la internacionalización de enfermedades, por lo que no es de extrañar que este recinto sea señalado con fruición por el sector hortofrutícola como un 'coladero' de plagas. La última de ellas sería la temida bacteria Xylella fastidiosa -recientemente detectada en Baleares y que se sabe que accedió por Rotterdam- pero también se denuncia con reiteración las amenazas de la llamada «mancha negra» (CBS), el Citrus greening (HLB) o la C. Leucotreta, que son también muy comunes en los envíos citrícolas sudafricanos y que, de instalarse, cuestionarían la propia pervivencia del sector.
La cuestión amenaza con desatar una crisis institucional de calado y con alterar el equilibrio de poderes que hasta el momento han mantenido a este respecto el Ejecutivo (la Comisión Europea -la Comisión Europea- como ejecutor a la postre de las decisiones de los Estados miembros) y el legislativo comunitario (el Parlamento Europeo, en el que recae la soberanía popular).
El pasado 15 de diciembre se produjo un hecho sin precedentes desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (diciembre de 2009): el pleno del hemiciclo aprobó por amplia mayoría -463 votos a favor, 168 en contra y 3 abstenciones-una resolución en la que se exigía primar el «principio de precaución y la seguridad fitosanitaria de las plantaciones citrícolas europeas». No era una declaración etérea, sino un pronunciamiento contra un acto de ejecución de la propia CE. Específicamente, el Parlamento enmendó un proyecto de modificación de la Directiva 2000/29/EC (de sanidad vegetal) por considerarlo «insuficiente». Haciendo la analogía con la política nacional, lo acontecido en Estrasburgo (sede del Parlamento Europeo) sería similar a que el Congreso tumbase por avasalladora mayoría un proyecto de Ley del Gobierno.
La cuestión afectaba pues a las condiciones fitosanitarias de entrada del conjunto de importaciones de agrios de la Unión Europea procedentes de países no comunitarios de forma global pero, evidentemente, se referían muy especialmente a las de los sudafricanos y por ello atacaba también a los intereses de sus primeros aliados europeos, los importadores holandeses. «Se había sentado un precedente de control sobre la CE, que los países nórdicos del lobby importador no podían consentir», señalan fuentes conocedoras del proceso de codecisión comunitario.
Batalla entre Comisión y Parlamento
Poco más de un mes y medio después, la CE confirmaba oficiosamente que no estaba dispuesta a dar alas al Parlamento. Efectivamente, en la reunión del Comité Permanente de Sanidad Vegetal del 27 de enero, el representante de Bruselas defendió ante los Estados miembro un modelo de directiva «en el que la elección de las condiciones fitosanitarias de importación a la UE y los tratamientos cuarentenarios que deben ser aplicados, corresponde a los propios exportadores, evidentemente mucho más preocupados de hacer negocio que por la pervivencia de la producción comunitaria». Así explicaban en nota de prensa suscrita recientemente por el conjunto de organizaciones de ámbito nacional más representativas del sector citrícola la decisión avanzada en dicho comité que, como se ha dicho, desautoriza lo defendido por el Parlamento.
Sin embargo, a juzgar por la reacción de varios europarlamentarios, la «guerra» aún no está perdida y quedan batallas que lidiar. En la última semana se han presentado dos preguntas parlamentarias que forzarán al Ejecutivo comunitario a desenmascararse. Una tercera acción, en forma de misiva dirigida al comisario de Sanidad y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, ha sido suscrita además por el eurodiputado francés, Michel Dantin (adscrito al Partido Popular Europeo) quien hace suyo el malestar no ya sólo de los representantes del sector citrícola español, sino también del galo e italiano. Dantin, más que dar por hecho la negativa de la CE, traslada a la más alta instancia, al propio comisario, la decisión del comité y reclama una confirmación por su parte.
«La zorra en el gallinero»
De otro lado y en virtud de las gestiones realizadas por el Comité de Gestión de Cítricos (CGC), la patronal que aglutina a los principales comercios privados naranjeros, la Comisión habrá de pronunciarse sobre aspectos concretos más sensibles si cabe que igualmente delatan el tándem de intereses entre sudafricanos y holandeses. Es el caso de la pregunta formulada por Clara Aguilera, eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento, quien ha cuestionado abiertamente la laxitud de las inspecciones fitosanitarias de los holandeses (en 2014 demostraron ser 24 veces más ineficaces con los cítricos sudafricanos que los controles fitosanitarios de España) así como la propia independencia de sus inspectores.
