Esta semana han quedado claras dos cosas. En primer lugar, que la avalancha de adhesiones a la nueva patronal autonómica CEV es imparable y, por ende, que la viabilidad de las provinciales de Alicante (Coepa) y de Castelló (CEC) es una quimera alentada por los escasos empresarios -¿sería más apropiado decir gestores empresariales?- que siguen al frente de esos barcos a la deriva. En segundo lugar, sin embargo, que nadie piense que la CEV tiene una alfombra roja por delante.
Y es que la decisión de cuatro extrabajadores de la desaparecida autonómica Cierval de impugnar ante la Dirección General de Trabajo de la Generalitat el ERE de extinción de sus puestos de trabajo puede tener consecuencias en el futuro. Principalmente para la CEV, que modificó sus estatutos para pasar de ámbito provincial al autonómica y tomar de esta forma el testigo de Cierval en la representación patronal. Los exempleados alegan, entre otros motivos, que se ha producido sucesión de empresas. Si la Generalitat les da la razón, la CEV tendrá un problema de momento solo laboral. Ahora bien, si los acreedores de Cierval -en especial, la propia Generalitat- aprovecharan un fallo en ese sentido para reclamar a la CEV las deudas de la extinta autonómica (procedentes en su totalidad de las provinciales de Castelló y Alicante) entonces el problema sería mucho mayor.
Claro que, en este segundo caso, se supone que un fallo de los tribunales -a donde seguramente recurriría la CEV- tardaría algunos años en sustanciarse. Así que es una incertidumbre a medio plazo y entonces ya se verá qué deciden los jueces y qué hacen los dirigentes empresariales.
Pese a todo, esa decisión de los exempleados carga de razones al presidente de la CEV, Salvador Navarro, y al comité ejecutivo de la patronal en su renuencia a aceptar las propuestas de Coepa y CEC para integrarse en la nueva organización. La autonómica rechazó el jueves las peticiones de la alicantina, que reclamaba que la primera se hiciera cargo de los compromisos del plan de viabilidad aprobado tras salir del concurso de acreedores. La negativa de la CEV se sustancia precisamente en que quiere evitar a toda costa que se la considere sucesora de Cierval. Tan es así que no se ha interesado por los muebles de la sede de esta última -un edificio que volverá a ser de su uso tras la cesión de hace tres lustros- para no tener ningún vinculación con la extinta autonómica.
Por tanto, no hay que ser muy avispado para entender que en el nuevo proyecto tienen poco espacio la Coepa y la CEC, que además está en concurso y con problemas judiciales por la formación. Las principales federaciones empresariales de Alicante y de Castelló y relevantes empresas de ambas zonas ya están en la CEV. En el mes de julio están previstas nuevas incorporaciones. ¿Qué sentido tiene prolongar esta agonía si sus propios socios les abandonan conscientes de que el futuro pasa por la CEV? ¿No sería más realista abandonar la estructura provincial y negociar la mayor visibilidad y poder posibles de cada una de esas zonas a través de los consejos provinciales, de la pertenencia de sus empresas a la asamblea y aportando músculo como, en el caso alicantino, con Ineca, reconvertido en el laboratorio de ideas de la autonómica?
