La manifestación por la infrafinanciación valenciana del próximo 28 de octubre es una muestra más del grave problema territorial que aqueja a España. El foco está puesto, obviamente, en Cataluña, no en vano sus autoridades se han puesto el mundo por montera en su trasnochado afán independentista. Sorprende la ausencia total de propuestas concretas para reconducir la situación -la oferta de plurinacionalidad del PSOE parece más bien un chiste-, probablemente porque el diagnóstico del origen del conflicto no es el idóneo. Para mí que el problema territorial de España no está en Cataluña, País Vasco o la Comunitat Valenciana, sino en Madrid. España padece madriditis.
Madrid ha sido una de las zonas más beneficiadas por el Estado autonómico. A su condición histórica de capital política y administrativa, la creación de un gobierno propio y la cercanía al del Estado la ha convertido en una potencia económica fenomenal. Es legítimo que compita con las grandes áreas económicas del país, como Barcelona, Bilbao o València, pero sería bueno también que repartiera su función de villa y corte, es decir, que se procediera a una descentralización de las instituciones del Estado. El Senado, por ejemplo, a Barcelona; el Supremo, a València... No es tan complicado en un mundo con AVE y tecnologías avanzadas. Además del efecto pertenencia, una medida así dinamizaría las nuevas zonas, sobre todo con capital humano altamente capacitado.
Además de un sistema de financiación más justo, y por no bajarnos del AVE, sería conveniente también que nuestros gobernantes abandonaran de una vez por todas la concepción radial del Estado, esa que hace que todas las infraestructuras pasen por Madrid. Resulta increíble que el país esté plagado de apeaderos para el tren de alta velocidad y que la segunda y la tercera ciudad, o sea Barcelona y València, no estén conectadas por AVE o que Madrid racanee con el corredor mediterráneo y promueva otra vía, la central, que, una vez más, pasa por la capital.
Madrid también se equivoca -y mucho- en su forma de contrarrestar los nacionalismos periféricos.
La única forma de desactivarlos es robándoles el discurso que los alimenta. Es decir, apropiándose de sus señas de identidad y convirtiéndolas en un patrimonio general de los españoles, no en una exclusiva de catalanes, vascos o valencianos. Por ejemplo, convirtiendo la enseñanza de la lengua valenciano-catalana (¿el valencat?) en obligatoria en todos los colegios de España. Aprender no hace daño a nadie, al contrario, enriquece, singularmente el conocimiento de varios idiomas y de la idiosincrasia que representan. Es de justicia que el resto de españoles conozca y pueda leer y hablar la lengua de un tercio de sus compatriotas. Y también es muy sano que muchos catalanes -y valencianos y baleares- vayan a enseñar su lengua a Extremadura o Andalucía. Comprobarán, en contra de lo que muchos puedan pensar, que África no empieza en el Ebro. Puede resultar algo oneroso, pero cada Estado debe apechugar con sus singularidades.
