¿Se imaginan que fueran a comprar un inmueble y que sólo entregaran un cheque al notario por la cantidad total sin saber detalladamente el precio, los gastos e impuestos y las comisiones generadas? Impensable. Por suerte, la transparencia que la ley exige a las transacciones inmobiliarias lo impide. Así, sin duda, estamos más protegidos como consumidores y podemos tomar mejores decisiones.
Imaginemos ahora que vamos a nuestro banco o asesor financiero y realizamos varias transacciones bastante comunes, por ejemplo, compramos fondos de inversión, cambiamos divisas o negociamos acciones del Íbex 35. ¿Nos sería tan fácil identificar los costes y comisiones de cada transacción?
Comisiones
Para la mayor parte de los consumidores, la respuesta más probable es que no. Para alcanzar ese nivel de transparencia, deberíamos preocuparnos de analizar las comisiones totales soportadas y cedidas en cada producto y compararlas con los productos similares de la competencia, analizar los criterios de ejecución y los servicios por los que pagamos. Y como consumidor, me gustaría que cada vez que realizara una transacción financiera, la entidad con la que opero me ofreciera todos esos datos, de manera simple y comprensible, comparándolo con otros productos similares del mercado y sin que yo tuviera que pedirlo en cada ocasión.
¿Creen que esto es una utopía? Pronto dejará de serlo, pues eso básicamente, es lo que va a suponer la implantación de la directiva de la Unión Europea MIFID 2 en nuestro país a partir del próximo enero de 2018.
Responsabilidad
Pero, como consumidores, no olvidemos que tenemos la responsabilidad final de tomar nuestras propias decisiones y aunque en este nuevo escenario la información sea más accesible y clara, siempre tendremos que analizar y comparar entre lo que se nos propone para que la transparencia sirva efectivamente a la mejora de las relaciones entre clientes y entidades financieras.
