La inversión directa extranjera (IDE) ha jugado un papel importante en el desarrollo económico y social de la economía española. La presencia de empresas de capital extranjero ha favorecido la creación de empleo, la internacionalización, el desarrollo de sectores estratégicos clave y la actividad innovadora. De hecho, estudios recientes evidencian que un 40% de la exportación española y un 35% de la inversión privada en I+D+i proviene de las filiales extranjeras localizadas en nuestro país. Adicionalmente, la inversión extranjera ha generado una serie de efectos indirectos al mejorar la competitividad de nuestras empresas a través del intercambio de personal altamente cualificado o del aprendizaje de las tecnologías y estrategias superiores de las multinacionales.
De acuerdo a las cifras del World Investment Report, el stock medio de IDE acumulado en España en los años 2013-2016 se situó cerca de los 500.000 millones de euros, lo que supone un 45% del producto nacional bruto y unas cifras relativas muy similares a la de nuestros socios europeos. A pesar de estas importantes cifras y de las ventajas de la IDE señaladas anteriormente, la Comunitat Valenciana no ha sabido históricamente capitalizar todo su potencial; muestra de ello es que la mayoría de este stock se localiza en las comunidades de Madrid y Cataluña. Así, por ejemplo, según datos del registro de inversiones exteriores, de los 23.400 millones recibidos en 2016, un 46% se localizó en la comunidad de Madrid y un 20% en la de Cataluña, siendo este porcentaje en la Comunitat Valenciana de tan sólo de un 0,7% (163 millones).
Por tanto, una vez que el Gobierno valenciano ha podido alejar los fantasmas del capital reputacional, y que la Consellería de Hacienda y el Instituto Valenciano de Finanzas están dando muestras evidentes de una clara profesionalidad, uno de los objetivos prioritarios de la Comunitat debería ser revertir esta situación, no sólo aprovechando las oportunidades que lamentablemente el desastre catalán genera, sino reivindicándonos activamente como un polo de atracción de inversión en el Mediterráneo. De hecho, durante el año 2017 se ha observado una cierta mejora ya que la IDE, al cierre del tercer trimestre de 2017, alcanzó el mejor registro de los últimos diez años, con 1.008,7 millones de euros, pasando del 0,7 % del total de 2016 al 6 % en 2017.
Más allá de los tópicos del buen clima, y calidad de vida, la Comunitat Valenciana posee unas claras ventajas para la localización de IDE:
Un ecosistema empresarial emprendedor e internacional agrupado mayoritariamente en distritos industriales que actúan como plataformas de inversión y colaboración a nivel internacional y que facilitan los encadenamientos con sectores y actividades relacionadas.
Una economía que apuesta por la innovación y la sostenibilidad, con una red potente de institutos tecnológicos, cinco universidades públicas con sus respectivos parques científicos y un amplio número de empresas de servicios avanzados y nuevas tecnologías.
Una posición geográfica privilegiada para ser plataforma internacional de negocios para otros destinos como puede ser el Norte de África o Latinoamérica o como puerta de entrada hacia Europa, junto con unas potentes infraestructuras logísticas de apoyo a las empresas, en las que destacan un importante stock de suelo industrial, una red viaria y ferroviaria adecuada, tres aeropuertos y ValenciaPort como uno de los puertos más competitivos del mundo.
Por ello, deberíamos preguntarnos ¿cómo potenciar si cabe estas claras ventajas de localización? y ¿cómo hacerlas más visibles? Y es aquí donde juegan un papel decisivo las medidas políticas. La investigación al respecto sugiere que las políticas de corte estructural tienen un mayor efecto sobre la IDE que las políticas específicas de incentivos vía menores impuestos o mayores subsidios. De hecho, este último tipo de políticas puede ser sumamente costoso, mientras que las políticas destinadas al fortalecimiento de la infraestructura en capital físico y humano puede tener consecuencias positivas no sólo sobre la inversión extranjera, sino también sobre la inversión doméstica y sobre la actividad económica en general.
Desde nuestro punto de vista, la política del gobierno valenciano debería centrarse en cuatro ejes principales:
1. Mejora del marco económico y legal y lucha contra la corrupción. La mayor estabilidad económica, unas finanzas públicas sanas y una menor incertidumbre sobre la situación macroeconómica futura pueden hacer más atractiva una región para la posible recepción de IDE. Asimismo, un marco regulatorio que sea estable, transparente y bien definido se convierte en una palanca determinante para la atracción de IDE. Además, existe evidencia empírica que atribuye a la corrupción una incidencia muy negativa sobre el posicionamiento de un territorio frente a los grandes proyectos de inversión que requieren de infraestructuras permanentes.
2. Inversión en educación y formación de los trabajadores. Este es un elemento fundamental para el cambio del modelo económico, ya que el tipo de IDE que mejores beneficios indirectos proporciona es aquella que no busca menores costes sino mejoras en la calidad y productividad. La inversión en capital humano puede incidir directamente en el tipo de trabajos que son creados y no sólo en su cantidad. Ello favorecerá la atracción de inversiones de mayor valor añadido relacionadas con servicios técnicos y profesionales avanzados.
3. Inversión en infraestructura. En este sentido, creemos fundamental insistir en la necesaria culminación del corredor mediterráneo no solo con vistas hacia Europa, sino también hacia la nueva ruta de la seda que potencialmente conectaría Europa con Asia. Sin dejar de lado el transporte marítimo, una alternativa ferroviaria fuerte se vislumbra como una estrategia clave especialmente para productos de mayor valor añadido, que permitiría a la Comunitat Valenciana consolidar su posición y equilibrar la balanza comercial con el gigante asiático.
4. Mejora en las políticas de apoyo a las empresas. A pesar de que desde el IVACE se han hecho notables esfuerzos, es necesario mejorar las políticas de apoyo a la internacionalización e innovación de nuestras empresas para que éstas se consoliden a nivel internacional y sean capaces de atraer socios estratégicos internacionales. Para que la presencia de las empresas extranjeras genere beneficios indirectos es necesario invertir en casa para crear la base tecnológica y de conocimiento necesaria. De esta manera, nuestras empresas serán capaces de asimilar e integrar los avances aportados por las multinacionales y mejorar su competitividad en el largo plazo.
Para una adecuada implementación de estas iniciativas sería conveniente impulsar decididamente los programas de difusión de las oportunidades de inversión en la Comunitat Valenciana. Posiblemente, la creación de una agencia público-privada independiente en la que participase la administración, las universidades y los empresarios, que se apartase de la inercia típica del sector público, con unos claros objetivos medibles y recompensables, ayudaría en la mejora de este posicionamiento.
Evidentemente, todo ello se vería reforzado si la Comunitat Valenciana recibiese la financiación justa. Esta profunda falta de equidad entre las diferentes comunidades autónomas respecto a los recursos genera un dumping fiscal que indudablemente afecta a la atracción de IDE. El mediterráneo debe gestionarse como un espacio común prioritario para Europa y no como un mercado de competencia desigual entre territorios. En nuestro ámbito, necesitamos crear una imagen global de marca de España y de la Comunitat Valenciana; una región que se ha caracterizado históricamente por ser un enclave mercantil y que debe ahora aprovechar su momento para consolidarse como un verdadero hub comercial y empresarial en Europa.
